Herencia maldita

En declaraciones a nuestra corresponsal en Paysandú publicadas el domingo pasado, el senador vertientista Enrique Rubio sostuvo que el gobierno ha heredado una serie de minas que empiezan a explotar.

La metáfora resulta por demás expresiva y elocuente respecto del descalabro en que sumieron al país las pésimas administraciones que se sucedieron desde hace veinte años. Gobiernos democráticos y legítimos –obvio es remarcarlo–, pero que se aplicaron a una tarea demoledora por impericia, negligencia o priorización de ciertos intereses personales por encima de los intereses generales de toda la comunidad, son los únicos responsables de la realidad con que se encuentran las nuevas autoridades.

En la casi totalidad de los organismos públicos (ministerios, entes, servicios descentralizados, etcétera) los jerarcas se encuentran con sorpresas non gratas. Caos administrativo, gastos excesivos, nombramientos irregulares, parecen ser la constante en empresas y oficinas estatales.

Pero hay áreas de la actividad del Estado en que queda demostrado de manera incontrastable el manejo irresponsable que de la cosa pública han hecho directorios sin idoneidad pero con fuertes compromisos ajenos al interés público.

El problema de la vivienda –uno de los más graves que afectan a la sociedad– es uno de los que ha sido abordado con mayor ligereza. Así lo han denunciado tanto el subsecretario del Mvotma, arquitecto Jaime Igorra, como el presidente del Banco Hipotecario, arquitecto Miguel Piperno.

Aparentemente, las nefastas prácticas de amiguismo y clientelismo están en el origen de la situación de desfinanciamiento del BHU, situación límite que puso en tela de juicio su viabilidad e hizo que los tecnócratas criollos –aleccionados por sus mentores que dirigen los organismos financieros internacionales– llegaran a sugerir lisa y llanamente el cierre de esa institución emblemática. Según denuncia Piperno, las anteriores administraciones del banco (exceptuando la última) adoptaron medidas que comprometieron las finanzas del BHU: préstamos otorgados en función de recomendaciones políticas, promoción de construcción de viviendas en lugares inadecuados, son la causa de que hoy el banco enfrente una realidad de viviendas vacías y de altísima morosidad de los deudores. Viviendas otorgadas a ahorristas que no reunían las condiciones para ello, por un lado; y por otro, obras adjudicadas a determinadas empresas constructoras sin importar el lugar donde se levantarían las viviendas ni la capacidad del supuesto mercado al que estaban dirigidas.

El arquitecto Igorra ha realizado una recorrida por el interior del país que le insumió varias semanas, lo que le permitió ponerse al tanto de la realidad en materia de vivienda. El panorama descrito por el subsecretario del Mvotma es preocupante y confirma lo expresado por el presidente del BHU.

Como puede advertirse, estamos ante una herencia maldita. Pero lo más sublevante del caso es que se trata de un manejo irresponsable en un área especialmente sensible, como lo es la vivienda. El Banco Hipotecario, surgido para facilitar el acceso a la vivienda propia, no cumple su trascendente y delicada función social.

El derecho a la vivienda es otro de los tantos que la Constitución enuncia pero que el Estado se ha mostrado incapaz de garantizar. El artículo 45 de la Carta expresa textualmente: «Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin».

Las nuevas autoridades tienen por delante la enorme tarea de corregir las malas políticas aplicadas hasta hoy y de rescatar al BHU para que éste recupere su capacidad y pueda cumplir con la disposición constitucional. *