Prórroga de ejecuciones

Después de varios días en que la derecha intentó sin éxito explotar la diferencia surgida entre las fuerzas progresistas con motivo de la situación de los deudores, se llegó a una solución y la primera crisis del nuevo gobierno quedó descomprimida.

Sin duda alguna, el problema de los uruguayos endeudados es un asunto muy sensible, en el que hay en juego intereses encontrados.

Por un lado, están los acreedores (banca y prestamistas) a los que se suman los ahorristas de los bancos liquidados; por otro, los deudores, que no constituyen un grupo homogéneo, y, finalmente, el Estado (cuyos bancos son también acreedores) que debe observar un comportamiento que transmita seguridad y seriedad en busca de soluciones equitativas que contemplen los intereses en pugna.

El consenso logrado por la fuerza política gobernante es un ejemplo más de la cautela y el acierto que viene exhibiendo la nueva administración para resolver las dificultades que se presentan con equilibrio y sensatez.

La decisión de prorrogar las ejecuciones judiciales implica que, sin condonar las deudas, los deudores tengan un respiro por un lapso de sesenta días durante el cual se estudiará cada situación particular para actuar con la mayor equidad posible.

En la Atenas del siglo VI antes de nuestra era, el gran reformador Solón tomó una medida revolucionaria que se conoce como seisacteia. El término da la idea de «descargar un fardo», y con ella se expresó la abolición de la esclavitud y/o la prisión por deudas.

Aunque ningún uruguayo corre el riesgo de ir a la cárcel por no pagar lo que debe, no está mal buscar soluciones para evitar que aquellos que por alguna razón se ven imposibilitados de hacer frente a una obligación sean castigados con el remate de sus bienes y la pérdida de su patrimonio. *