Voceros de la oposición: mucho ruido y pocas nueces

Los voceros políticos y mediáticos de la oposición están «como perro con dos colas». No caben en sí porque creen haber descubierto la llave maestra que les permitirá empañar u oscurecer la actividad que viene llevando a cabo el gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez.

¿Qué es lo que en realidad tienen para imputar al gobierno?

¿Sobre qué cuestión sustantiva, de importancia para la vida del país tienen reparos críticos racionalmente fundados?

Sobre ninguna.

En primer lugar por la razón del artillero: el nuevo elenco todavía no ha terminado de relevar el estado real de situación en que recibe el país.

El desorden monumental que anida en las oficinas centrales de la Administración, la duplicación de servicios, el despilfarro y la ineptitud van de la mano con la proliferación de situaciones de privilegio, como los arrendamientos de obra.

Hubo pocos temas más recurridos y manoseados durante las administraciones de Sanguinetti, Lacalle y Batlle que la cuestión de la reforma del Estado, la reducción del gasto público, los programas de desburocratización, de racionalización de los servicios.

Es innumerable la cantidad de recursos, humanos y materiales, que se erogaron en aras del «ahorro», lo que se gastó invocando la austeridad.

Por supuesto que la austeridad y el subconsumo fue lo que impusieron para los funcionarios públicos, especialmente a los maestros, profesores, enfermeros y policías.

La falta de recursos trabó la acción del Estado en áreas primordiales como lo son la salud, la educación y la seguridad pública. A ese Estado «austero», más bien habría que hablar de hambreado, se lo saboteó desde arriba. Se lo desmoralizó como política de Estado. Allí se montaron las oficinas del desaliento y el pesimismo nacional. Allí se pusieron a funcionar todos los mecanismos de desmoralización que conducen a la parálisis de los servicios sociales, desde los bajos salarios al no reconocimiento de la carrera profesional, del favoritismo y del despilfarro.

Pero duplicando esa estructura se conformó otra, irregular, basada en salarios pagos de dólares mediante el mecanismo de la designación directa.

Esa realidad permanece todavía en gran medida oculta.

El nuevo gobierno no ha terminado de «desatar el paquete» heredado.

La nueva Administración que asume en una situación de emergencia social sin precedentes en el país se aboca, con todas sus energías, a actuar sobre el cuerpo lastimado de la sociedad uruguaya con celeridad, con espíritu reparador y de justicia.

¿Podrían la izquierda y las fuerzas progresistas actuar con la inaudita irresponsabilidad social de los gobiernos anteriores?

Resulta significativa la indiferencia de los que, desde la derecha, han asistido al proceso de disgregación, desatención sanitaria, hacinamiento y falta de vivienda que ha crecido vertiginosamente en los últimos años.

El advenimiento al gobierno de la izquierda implica una modificación de la agenda política del país, colocando la lucha contra la pobreza y la exclusión, que afecta a cientos de miles de uruguayos, en el tema principal de la acción gubernativa.

En el marco de estas prioridades y cuando transcurren apenas cinco semanas de gobierno, el gran descubrimiento de la derecha parece ser que en el seno del Frente Amplio-Encuentro Progresista han surgido descoordinaciones y han aflorado públicamente algunas divergencias.

Es obvio que estas divergencias han tenido efectivamente lugar y, por lo menos visto desde afuera, algunas iniciativas políticas han dado muestras de ciertos niveles de descoordinación.

Pero entendámonos. Estamos hablando de episodios contingentes, efímeros, que no hacen a la médula de la acción política del gobierno. Se trata de áreas que la fuerza política deberá examinar para mejorar su desempeño. Pero que nadie se llame a engaño. El signo principal de la acción progresista, su compromiso social, su solidaridad con los intereses de las grandes mayorías despojadas, eso no ha estado, ni está, ni siquiera remotamente en tela de juicio. *