Dilucidar objetivamente

Por aquello de discurrir con racionalidad y sentido de interrelación sobre asuntos aparentemente inconexos debo desarrollar lo del título en dos ítems:

I ) – Aclaro nuevamente que en las últimas elecciones voté al Dr. Larrañaga. Más que desencanto, me produce asombro la decisión tomada por el Directorio del Partido Nacional de no participar en ninguno de los Directorios que el Gobierno está delineando para las entidades estatales, a raíz del entredicho suscitado en la integración del BROU. Como hombre de campo, he aprendido que la palabra dada puede ser a menudo para quien la otorga, un arma traicionera a favor de quien la recibe. En los negocios, siempre todas las partes deben estar en posesión de toda la información disponible sobre la transacción. Cualquier información concreta y objetiva sobre el negocio, que sea conocida sólo por una de las partes, vicia de nulidad la palabra dada, que debe ser devuelta por razones de ética elemental. Si el Partido Nacional era sabedor de que el nuevo gobierno no conocía lo que establece la Carta Orgánica del BROU en materia de facultades para grandes operaciones, entonces ha obrado de mala fe al aceptar calladamente en forma primaria dos cargos en el Directorio en vez de uno, como hoy le ofrece el gobierno al haber constatado las normas existentes que antes no conocía. Si por el contrario, poseyendo los blancos «el dato» necesario, desconocían la desinformación del nuevo gobierno sobre la normativa en cuestión, entonces, además de estar faltando a la ética con la decisión que adoptaron, están cometiendo un gran error en su propio perjuicio y en detrimento del país.

Me parece oírlos: «No saber que hay una Ley o norma no valida ninguna omisión». Tal extremo es una de las tantas inmoralidades jurídicas. El Derecho Natural está por encima de todas las Leyes del hombre que, además, no se han violado. Creo que el proceso de mimetización con los blancos tradicionales que inició Larrañaga en Setiembre/2004 y le llevó a perder las elecciones, se ha completado finalmente a través del desplante del «Honorable», de cuyo sentir es voz cantante «el guapo». No es de recibo la afirmación de que sólo con el acceso de dos integrantes blancos en vez de uno al Directorio del banco se pueda ejercer el debido «control» de la actuación de la mayoría, aplicando una mayor «diversidad de opiniones y enfoques que sí pueden controlar las resoluciones». El director blanco que ingrese siempre va a contar con el asesoramiento supra BROU de su propio partido y asesores técnicos personales. Pero todo indica que, para los blancos, debe ser muy «importante» co–gobernar al Banco República a través de una especie de negociación perpetua de todo el trámite de importancia, lo que sería ni más ni menos que revalidar y afianzar el «toma y daca» de los políticos tradicionales, vicio éste que ha contribuido grandemente como una de sus causas, al último resultado electoral. Asombra la sorprendente desproporción de la medida tomada por los blancos en relación con las enormes zonas o sectores críticos de la Nación que desatenderán (¿no controlarán?) debido a su decisión ostracista. ¿Acaso esas cruciales partes del contexto nacional no poseen en la evaluación de los blancos un volumen de importancia acorde en otros sentidos con el ingente movimiento financiero-económico del BROU, al que quieren acceder en condiciones que les permitan una gestión que no quiero prejuzgar? ¿Tan poco vale el resto de la Administración Pública como para que resignen su derecho a «controlar», no aceptando ningún otro cargo en Directorio alguno a menos que se les otorgue un director más en el BROU? La actitud del Partido Nacional es una tangible representación gráfica de irresponsabilidad. Elegante calificativo que prescinde -repito- del prejuzgamiento sobre una presunta motivación diferente para tal postura.

II ) – La banca privada nacional (un solo banco), ¿seguirá manteniendo sus viejos e inmorales privilegios? Se acaba de estafar nuevamente a los depositantes de un banco. Al mismo tiempo el actual gobierno ha elaborado una Ley de Seguro de Depósitos con límite de montos a garantizar. Ello es un mamarracho. Si se quiere dotar de estabilidad y credibilidad al sistema financiero (?) nacional, el Estado debe garantizar la totalidad de los depósitos dejando fuera las filiales de la Banca Extranjera en Uruguay. El riesgo del depositante uruguayo ante un banco extranjero está en la casa matriz del Exterior, no en nuestro medio. El Estado uruguayo  según Perogrullo- no debe garantizar los depósitos en bancos extranjeros porque la actuación de sus casas matrices escapan lógicamente al control del BCU.

Objetivamente, la reprogramación de depósitos es una estafa. Si el Estado ha permitido, a través de omisiones funcionales del Banco Central, una cesación de pagos, no son los depositantes ni los empleados bancarios los que deben pagar por ello. En la práctica, los depositantes están refinanciando compulsivamente al mismo banco que ha sido remiso en refinanciar a sus deudores, cuya deuda fue producida por el Estado en la figura de un Gobierno que los asfixió con su política antiinflacionaria. Al mismo tiempo, en un país donde los subsidios son mala palabra, los empleados bancarios por enésima vez, están subvencionando a un banco para defender su puesto de trabajo. El Seguro total de Depósitos, haría innecesarios los reclamos disparatados que últimamente se han formulado para que el depositante posea información sobre el funcionamiento y estado de salud de cada banco, para optar por uno de ellos. Y sin Seguro, atender dichos reclamos sería una aberración igual a levantar el secreto bancario de Depósitos y Colocaciones (cuentas con saldo acreedor y deudores), extremo que debe producirse sólo por orden judicial. Además, si se mantuviera informada a la población sobre la marcha de los bancos, el Uruguay tendría el «Oscar» correspondiente al país con más «corridas». Viviríamos una «corrida» permanente. La San Silvestre quedaría para la risa. Eso está «en la tapa del libro». Y en la primera página dice (el libro) que el Estado es responsable a través del debido contralor, de la actividad bancaria y su saneamiento, no debiendo transferir a la población ningún problema originado en la órbita del sistema financiero, garantizando el rescate de todos los depósitos, y más aún en el caso de Cofac, que en este momento puede afectar en garantía ante el Banco Central un gran porcentaje de los cuantiosos aportes recibidos con motivo de su reapertura. *