La crisis energética o el arte de tirar la pelota para adelante

Los que arruinaron el fútbol uruguayo, como los que arruinaron el país, unos y otros, directores técnicos y gobernantes, han tenido un mismo lema: tirar la pelota para adelante.

Así tiraron para adelante la atención al drama social de los 200.000 uruguayos (la mitad niños) excluidos, excluidos de todo, de una alimentación mínima, de vivienda, de atención sanitaria, de trabajo y educación.

Así tiraron para adelante, para 2005 y 2006, pesadas obligaciones de la deuda externa, en buena medida generada por el escandaloso vaciamiento de bancos sobre los cuales poco o ningún control ejerció la autoridad monetaria de entonces.

Así tiraron para adelante, y voy al tema, la atención al normal abastecimiento de energía eléctrica, amenazando hipotecar de esa manera la imprescindible y urgente reactivación productiva del país, condición necesaria para que el círculo infame de la pobreza y la exclusión no se reproduzca.

Pero hay una diferencia: el director técnico que ordena tirar la pelota para adelante no lo hace con fines ajenos, a lo mejor su filosofía es jugar mal. Pero en el caso de los gobernantes que nos ha tocado soportar en estas últimas décadas, el tirar la pelota para adelante en materia energética no ha sido por ignorancia u omisión. Ha sido el resultado de una política conscientemente asumida. Y si no, veamos:

En las décadas del 80 y 90, la ola neoliberal inundó de privatizaciones los servicios públicos de la región. Electricidad, combustibles, agua y saneamiento, ferrocarriles, carreteras, teléfonos, aviación, comunicaciones, todos ellos servicios públicos que los Estados fueron construyendo con el trabajo y la inversión de generaciones, fueron vendidos al mejor postor, nada más que para pagar deudas y, en muchos casos, en medio de escandalosos actos de corrupción. El menemismo fue el paradigma de tal práctica, y sus resultados son harto conocidos.

Bajo los gobiernos de Sanguineti y Lacalle la ola llegó a nuestras costas. Sólo la lucha sostenida de nuestro pueblo permitió detenerla, o amenguarla. Prueba de fuego fue la proyectada ley de empresas públicas de Lacalle, anulada por el voto contundente de la ciudadanía en el plebiscito de 1992. También lo fue la ley de marco regulatorio para la electricidad, finalmente aprobada, aunque la movilización de los trabajadores de UTE y de la Comisión popular que trabajó en el tema logró limarle muchas de sus aristas más negativas. Así, quedó abierto el camino para la privatización del servicio eléctrico, aunque limitado exclusivamente a la generación de electricidad.

Y a partir de ese momento, en forma expresa, los gobiernos le negaron a UTE la posibilidad de proyectar y construir nuevas plantas generadoras. Las directivas, ¿de quién?, indicaban que a partir del marco regulatorio, tal tarea sería exclusiva del negocio privado. Expresamente, los gobiernos impidieron a UTE cumplir uno de sus fines específicos: proyectar y ejecutar planes de desarrollo en el área de la generación de electricidad, garantizando el abastecimiento a partir de un equilibrado respaldo térmico a la generación hidráulica, con la búsqueda de nuevas fuentes, incluso a partir de recursos naturales y autóctonos, con una integración regional que no implique dependencia sino complementación, en fin, defendiendo los supremos intereses de la Nación.

Esa es la historia. Aquí no vale apelar a la poca lluvia, o a las dificultades de los vecinos. Nos tiraron la pelota conscientemente, a sabiendas.

Hoy por suerte el pueblo generó el cambio. Tenemos un gobierno progresista, empeñado en el desarrollo productivo con justicia social, y por suerte, hemos logrado preservar las empresas del Estado, imprescindibles para un proyecto de esa naturaleza.

UTE debe retomar entonces su papel rector, esa labor desarrollada a lo largo de casi 100 años (una placa de mármol, instalada en la vieja y querida Central Calcagno, nos recuerda que esa Central fue inaugurada nada menos que en 1909) y que hizo de nuestro país uno de los países de más alto grado de electrificación por habitante de la región.

Todas las soluciones regionales son válidas, apuntan a una integración que deseamos profundizar. Pero no sustituyen obras de necesario autoabastecimiento, como las tantas veces postergadas centrales térmicas de ciclo combinado, hoy por hoy las de mayor rendimiento térmico. Es verdad que hasta ahora las postergaciones, y las urgencias consecuentes, han llevado a la instalación de turbinas a gas, de rápido montaje pero de altísimos costos de generación. La crisis tal vez obligue a repetir esas experiencias, o tal vez alguna racionalización en el consumo, o las nuevas posibilidades que se abren en la región, nos den el tiempo suficiente para evitarlas y abordar, desde UTE, soluciones verdaderas y no parches que a la postre terminan por aumentar los costos sin resolver los problemas. Ojalá. *