Nuevos desafíos

En nuestro editorial de ayer reseñamos los primeros y fundamentales pasos que está dando el nuevo gobierno.

Como en tantos otros aspectos del quehacer nacional, en el tema de educación –y particularmente en lo que atañe a la enseñanza pública– hay por delante una tarea titánica. Precisamente hoy, asumen las nuevas autoridades del Codicen y de los consejos desconcentrados. A ellas corresponderá enfrentar una situación crítica con un sinnúmero de problemas de toda índole.

Es que la enseñanza pública ha venido sufriendo un deterioro criminal que empieza con el ahogo económico a que la sometieron los gobiernos democráticos de los años sesenta, siguió con la Ley de Educación General pergeñada por el ministro de Educación y Cultura del gobierno de Bordaberry –el doctor Julio Ma. Sanguinetti– y continuó luego con el descalabro propiciado por la dictadura. Los gobiernos que se sucedieron desde 1985 poco o nada hicieron para revertir ese proceso de deterioro, y es así que el nuevo gobierno se halla ante una situación límite que exige, por un lado, diseñar políticas de Estado en materia educativa y, por otro, atender urgencias múltiples que tienen que ver con el normal funcionamiento de los institutos de enseñanza y el normal desarrollo de los cursos.

Aun a riesgo de caer en lugares comunes, es preciso recordar las carencias materiales que soporta la enseñanza pública. Grupos superpoblados que son un verdadero atentado a la pedagogía; clases que deben funcionar en el comedor o en hall de la escuela en razón de que el Consejo de Primaria no ha entregado las partidas para la construcción o refacción de nuevas aulas –como ha sido denunciado por padres de la Escuela de Colonia Nicolich–; grupos sin profesor designado, son algunos de los problemas que las nuevas autoridades de la educación deberán resolver en forma perentoria.

Según se ha informado, un estudio realizado por las inspecciones del Consejo de Primaria a instancias del sindicato de maestros, la Federación Uruguaya de Magisterio, da cuenta de la necesidad de que más de cuatrocientos locales escolares sean refaccionados y/o ampliados, por carecer de las condiciones imprescindibles de funcionamiento. Se constata falta de vidrios, cañerías de agua en mal estado, humedades, instalaciones eléctricas deficientes, saneamiento inexistente, etcétera.

Pero estas carencias locativas no son patrimonio exclusivo de la enseñanza primaria. También en Secundaria y en UTU, además de los problemas específicos de esas áreas, hay problemas de falta de locales o de locales inadecuados. Todo ello conspira contra la calidad de la enseñanza, contra la salud de estudiantes y docentes y, en definitiva, contra los propósitos del nuevo gobierno de evitar la deserción escolar que exhibe índices alarmantes.

Pero el gobierno del doctor Vázquez deberá abordar otro grave problema social: el aumento exponencial del consumo de pasta base.

Si bien la drogadicción es un problema universal y todos sabemos que Uruguay no es una excepción, la aparición de este nuevo producto particularmente tóxico y peligroso abre un nuevo frente en la batalla contra las drogas y conspira seriamente con la implementación del Panes. De acuerdo con informes elaborados por el INAU, 80 por ciento de los menores infractores que son derivados a centros dependientes de ese instituto habían consumido pasta base antes de cometer la infracción o perpetraron un robo o rapiña precisamente para procurársela.

El panorama que se ofrece es, pues, alarmante. La lucha contra la droga –mejor dicho contra el consumo de drogas– debe encararse con firmeza y con responsabilidad. Debe desplegarse una tarea de prevención, de represión del tráfico y de atención a los individuos que han caído en la trampa siniestra de la dependencia de una sustancia de efectos devastadores. *