La política exterior del nuevo gobierno

Los acontecimientos diplomáticos que rodearon la asunción del nuevo gobierno mostraron en forma inequívoca que la política exterior de nuestro país dará un golpe de timón con relación a la política impulsada por el gobierno del doctor Jorge Batlle.

Un largo ciclo de relaciones carnales alcanzaron su culminación cuando Batlle operó a nivel latinoamericano como un auxiliar activo y desenfadado de los intereses políticos y diplomáticos de Estado Unidos.

Importa también porque en el intenso juego de fuerzas que sacude a nuestro subcontinente, los pueblos han ido gestando otros procesos de acumulación de fuerzas, otros ejes desde los cuales encarar una integración regional cuyo epicentro no se encuentra esta vez en Washington sino en Caracas, Brasilia, La Habana y Buenos Aires.

Es a la conformación de ese proyecto alternativo al de Washington que nuestro país se ha sumado. No es un dato menor para un mundo que se integra rápidamente y en el que la gran potencia del norte se arroga cada vez en forma más descarada el derecho a los «ataques preventivos» contra quien considere que atenta contra sus intereses y lo puso en práctica con la invasión de Irak sin aprobación de la ONU, como comentó Emir Sader, «este gobierno norteamericano se puso al margen de toda legalidad internacional. Las amenazas que sigue vertiendo contra Irán, Corea del Norte, Cuba, más allá de la ocupación de Irak, confirman que el gobierno de Bush desea sustituir la legalidad internacional por sus intereses, valiéndose a ese propósito de la fuerza».

Incorporado al bloque «orejano» de países latinoamericanos que buscan construir su propio destino, Uruguay deberá reformular su política exterior.

En ese contexto la agenda marca para las próximas semanas un acontecimiento emblemático: la reiteración de las propuestas de los Estados Unidos de condenar a Cuba como país en el que se violan los Derechos Humanos.

Como señala Sader: «Es sin duda una paradoja que el gobierno que más vulnera los derechos humanos en el mundo –comenzando por el propio territorio cubano, ocupado ilegalmente hace más de un siglo, en la base naval de Guantánamo– se atreva a patrocinar la condena del gobierno cubano.

Todos sabemos que no se trata de una discusión sobre los derechos humanos, pues de otro modo países como Irak, Afganistán, los territorios palestinos ocupados por Israel, la propia base naval de Guantánamo, serían centro de la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Se trata simplemente de una resolución política mediante la cual el gobierno de los EEUU trata de apoyar la lucha de las fuerzas terroristas del exilio cubano contra el gobierno de Cuba. Nadie que se precie puede creer que se trate de un debate sobre derechos humanos, sabiendo que se trata de una iniciativa política en el marco de la «guerra infinita» del gobierno de Bush.

El año pasado y después de muchas dificultades –incluida la renuncia del gobierno peruano como agente de Washington para presentar la propuesta tras que el parlamento de ese país impidiera al gobierno de Alejandro Toledo prestarse a ese papel– fue el difunto gobierno de Jorge Batlle, de Uruguay, el que se rebajó a ese triste papel. A pesar de todas las presiones del gobierno de los EEUU, la moción sólo fue aprobada por un voto (…).

En aquella oportunidad, Brasil y Argentina se abstuvieron de votar. Con esa actitud, terminaron por colaborar a que la operación del gobierno Bush triunfase. El próximo 14 de abril se vuelve a discutir una nueva iniciativa del gobierno de los EEUU –que sigue buscando a alguien dispuesto a presentar su propuesta– en Ginebra».

En esta ocasión Brasil, Argentina y Uruguay, agregamos, no pueden mantener la misma posición ya que se trata de una operación política del gobierno Bush contra Cuba que nada tiene que ver con los derechos humanos sino con el bloqueo económico, con las agresiones terroristas que parten de territorio norteamericano contra Cuba y con todos los tipos de agresión que ese gobierno perpetra sistemáticamente contra esa nación. *