El sistema financiero, el fideicomiso y las deudas del agro

La creciente expectativa existente en la sociedad uruguaya en relación al histórico cambio político de nuestro país, ha determinado que propios y ajenos tengan cifradas esperanzas en las reales transformaciones que experimentará nuestro paisito a partir del próximo martes 1º de marzo, además, claro está, de las leyes que apruebe el incipiente Parlamento instalado en los últimos días.

Es así que, dentro de los muchos problemas por los que atraviesa nuestra población, existe uno que engloba a innumerables familias que apostaron a la producción agropecuaria nacional. Nos referimos a las consecuencias nefastas, no sólo en la economía uruguaya en general, sino fundamentalmente a la situación de cientos de medianos y pequeños productores rurales en lo que hace a las deudas contraídas con entidades financieras oficiales y privadas.

Esto ha determinado que la política del actual gobierno creara los famosos «fideicomisos», tanto en la esfera estatal como privada.

¿Qué es el «fideicomiso»? Pues bien, es un negocio jurídico mediante el cual una persona (llamada «fiduciante») transmite la titularidad de ciertos bienes o derechos a un patrimonio autónomo, que va a ser administrado por otra persona («fiduciario»), quien seguirá estrictamente las instrucciones establecidas en el contrato, en beneficio de una tercera persona («beneficiario») que puede, a su vez, ser el propio fiduciante.

No entraremos a analizar los distintos tipos de fideicomisos, ya que nos ocuparemos solamente de aquel vinculado a las deudas de los productores agropecuarios.

Las erróneas políticas en este rubro (incluidas las que fueron dirigidas a determinados intereses personales) y las de la granja en particular, han determinado que cientos de medianos y pequeños productores hayan tenido que enfrentar situaciones realmente angustiantes y, en algunos casos, irreversibles, al haber contraído oportunamente asistencia financiera y luego, a raíz de la crisis de 2002, se han visto imposibilitados de hacer frente al pago de los préstamos usufructuados oportunamente.

Esta realidad nacional ha tenido como consecuencia que se han realizado ejecuciones judiciales por falta de pago de los deudores respectivos, donde numerosas familias uruguayas han pasado a engrosar la enorme lista de desocupados, subocupados, etc., que lamentablemente existen en nuestro país.

No defendemos a los grandes productores que deben miles de dólares al Estado Uruguayo y que, además, en algunas situaciones, le han otorgado sucesivamente nuevos préstamos, sino que nos estamos refiriendo a los cientos de compatriotas a quienes se les ha aplicado multas, recargos, moras, etc., en una forma desenfrenada desde el punto de vista monetario que ha hecho imposible –aún existiendo, en algunos casos, la voluntad de pago del deudor– de hacer frente al monto y los respectivos intereses pactados inicialmente.

Nos parece importante hacer una justa precisión: mientras estamos convencidos de que en la inminente gestión del gobierno electo, los deudores de la Banca Oficial tendrán un tratamiento acorde a sus posibilidades, en el entendido de que ese es el fin fundamental del Banco de la República (al igual que el resto de los Bancos Oficiales). No sucede lo mismo con los deudores de los ex bancos liquidados, ya que se confirió a una empresa privada la negociación, «transacción» y eventual ejecución judicial de los deudores de esas entidades con los fines de lucro ya conocidos.

No está de más reiterar que la banca privada extranjera y quienes la representan, sólo tienen fines de lucro y donde los miles de dólares que se recauden seguramente no quedarán en nuestro país, como lo hemos comprobado en infinidad de veces.

Consideramos que el primer deber de un Estado es proteger a sus ciudadanos y el deber del gobierno –entre otros– es implementar una justicia social, económica, etc., por lo cual creemos que el Parlamento recientemente instalado debería aprobar una ley que suspenda inmediamente todas las ejecuciones judiciales relacionadas con el agro (salvo las vinculadas a intereses particulares o dolos, obviamente, como es el caso de los Peirano) y, en su lugar, que se estudie caso por caso, analizando en profundidad las causas que originaron la situación de cada deudor, la capacidad de pago, las quitas correspondientes, etc. para llegar a una fórmula de convenio razonable.

Debería tenerse en cuenta para la concreción de estos acuerdos, la tremenda usura por intereses, mora y recargos aplicados unilateralmente por la parte acreedora, entendiendo que estos hechos ya no tienen cabida en el país, pese a que las transnacionales pretendan, seguramente, continuar en esa senda para seguir lucrando con las familias y la economía uruguayas.

Finalmente, estamos seguros de que el país mejorará sustancialmente –no sólo en la producción agropecuaria–, sino en todos los órdenes de la sociedad a través de un gobierno del pueblo y para el pueblo donde no se dejará nada librado al azar. *