"Quemá esas cartas…"

Las actitudes de los sujetos que integran clanes, logias, mafias u otros tipos de organizaciones que tengan, como «modus operandi» de sus fines, realizar actividades «non sanctas», o por lo menos, tildadas de secretas , (por algo será que así lo son), tienen dentro de su metodología de ocultismo y ocultamiento, costumbres tendientes a hacer desaparecer pruebas, de dichas actividades, de manera de tener el mínimo de probabilidades de ser descubiertos y, en caso de serlo, el mínimo de posibilidades de poderse probar su participación en dichas oscuras situaciones.

Ha tomado estado público, dentro de los desastres, que integraron el fenómeno de la llamada crisis financiera del 2002, la existencia , dentro de los acuerdos secretos pergeñados entre las más altas autoridades del gobierno saliente, de cláusulas que merecen ser estudiadas en su contenido y motivaciones ocultas finales , para poderlas catalogar y juzgar convenientemente.

Nos estamos refiriendo al caso concreto de la cláusula existente en el acuerdo secreto convenido entre los famosos tres bancos, socios de los Röhm, en los mencionados «affa(na)ires» del «viejo» banco Comercial, y el gobierno de nuestro (?) País, en el sentido, de que, si la situación derivara, por esos aconteceres de la vida del filibustero, en un arbitraje, luego de laudado el mismo, se destruirían las pruebas documentales existentes y aportadas como parte del mismo.

El sentido común nos indica que sólo se puede aspirar a destruir pruebas de «cosas» acaecidas , cuando, deliberadamente, el que generó los hechos es consciente de la peligrosidad de las mismas para sus intereses. Aquí se hace imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias políticas y penales con los autores intelectuales y materiales de tales maniobras ocultistas cuyas nefastas consecuencias económicas, para la sufrida gente, están aun a la vista y en proceso de «gestión».

Otra situación «grave y urgente» a la que referirse es el giro que ha tomado la ética política de los últimos tiempos de este inacabable gobierno.

En dos recientes casos, sus actores, de relevante ubicación en la vidriera irrespetuosa de la actividad política y pública , han acometido acciones que, en principio y como mínimo, lindan con lo incorrecto, en materia ética, tratando de ser muy cautos en nuestras apreciaciones.

En un caso, se adjudicó un subsidio «por desempleo» a un legislador que había renunciado voluntariamente al cargo, para dedicarse a la campaña política electoral del momento, cuando es público y notorio, que el espíritu de la norma existente era contemplar únicamente el «riesgo» de subsistencia (?) del legislador que al término de su mandato no resultaba reelegido. Así de claro como el agua clara.

En un segundo caso, se trató del usufructo de viáticos adjudicados para la realización de una actividad de representación del Estado en altas gestiones acordes , que, finalmente, se destinaron por el usufructuario, a pagar gastos de carácter personal y familiar, ajenos al objetivo declarado inicialmente, para el que fueron concedidos..

En ambos casos, a raíz de la presión en la opinión pública, de la denuncia sobre la irregularidad de las situaciones, ambos actores , olímpicamente, se disculparon, a posteriori de los aconteceres citados, dando marcha atrás al hecho, y devolviendo los importes mal percibidos. Parece que la onda pasa, ahora, por planear lo incorrecto, y llevarlo a cabo, por si nadie se da cuenta. Y en caso contrario, se devuelve el dinero y chau, no pasa mas nada. Sin tener en cuenta las connotaciones éticas de dichos actos y las posibles responsabilidades inclusive penales.

¿Será , acaso, está , la enseñanza final de ética que nos dejan los ex gobernantes en retirada? *