Censo: cifras preocupantes
Se dieron a conocer hace pocos días los datos de la primera fase del censo 2004, de donde resultan varias cifras alarmantes.
En primer lugar, cabe consignar que la tasa de crecimiento se redujo a la mitad; durante los ocho años del periodo intercensal (1996-2004) la población del país tuvo un crecimiento mínimo, registrándose una tasa anual de tan sólo 3,2 por mil, lo que nos ubica en el último lugar de América Latina (15 por mil) y por debajo incluso de varios países desarrollados con tasas de alrededor de seis por mil.
El segundo dato preocupante –aunque es una constante que se arrastra desde hace ya un buen tiempo y tiene que ver con el bajo crecimiento– refiere a la edad promedio y permite concluir que la nuestra es una población envejecida, en la que se registra un porcentaje demasiado elevado de adultos mayores. Entre otras consecuencias catastróficas, esa realidad implica un serio golpe al sistema solidario de seguridad social ya que la relación activo/pasivo se reduce a límites intolerables.
La baja natalidad (mucho más acentuada en hogares de clase media y media alta) revela, en definitiva, un cierto pesimismo, una explicable falta de confianza en el futuro; en los estratos más bajos, en cambio, la natalidad exhibe cifras superiores. Ello explica por qué la mitad –o más de la mitad– de los nacimientos se verifican en hogares por debajo del límite de pobreza.
Finalmente, corresponde destacar lo referente a la diáspora. Las cifras oficiales hablan de 108 mil uruguayos emigrados desde 1996. Pero cabe preguntarse por la exactitud de dicha cifra ya que no conocemos los criterios aplicados para el cálculo. Y puede suceder algo similar al índice de desempleo, que suele ser engañoso y no refleja la realidad. Decimos esto porque hace poco más de un año, en junio de 2003, un informe señalaba un aumento de treinta por ciento de los uruguayos emigrados respecto del año anterior y calculaba en 500 mil el total de compatriotas que en el último decenio habían buscado en otras tierras las posibilidades que aquí se les negaban. Esta realidad otorga al país la categoría demográfica de «desmembrado» y lo pone al nivel de aquellas naciones que han sufrido guerras o catástrofes.
El sistema, incapaz de hallar respuestas viables al problema de la desocupación, parece haber resuelto abrir una válvula de escape que evite la posibilidad del estallido social. Como los gobiernos sucesivos se empecinaron en no modificar el rumbo y temieron que la desesperación de la gente se transformara en movilizaciones indeseadas y difíciles de controlar, se optó –en vez de ocuparse de generar empleo– por facilitar la huida casi masiva de orientales hacia otras latitudes de horizontes menos mezquinos.
En lugar de fomentar la creación de puestos de trabajo, se abrieron generosamente las fronteras del país para que sus ciudadanos ocuparan los puestos que otros países ofrecen, fomentando así una sangría cuyos efectos se sentirán por mucho tiempo.
De ese modo, la población está estancada y envejecida. El mercado interno no muestra síntomas no ya de crecimiento, sino siquiera de recuperación. En la medida que el salario real se deteriora, el consumo sigue siendo un privilegio de ese décimo de uruguayos con poder adquisitivo.
«¿No consiguen trabajo? ¡Que se vayan!» ha sido la consigna, corolario de un razonamiento perfectamente frívolo. El Estado Benefactor se ha transformado en el Estado proveedor de pasaportes.
El mismo sistema que genera marginados a los que niega el acceso a niveles mínimos de consumo, margina también a estos otros integrantes de la diáspora que no encuentran en su tierra las condiciones elementales para desarrollarse plenamente. *
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