Errores y fraudes que paga el pueblo

La inescrupulosidad de los tres ex socios del Banco Comercial  Bancos internacionales: Crédit Suisse; J.P. Morgan Chasse y el Dresner Bank  y la incapacidad del ex ministro de Economía y Finanzas, Cr. Alberto Bensión, y del actual presidente de la República, Dr. Jorge Batlle ha originado en los últimos días, que la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en Nueva York resolviera, por unanimidad, que Uruguay debe restituir 100 millones de dólares a los citados ex socios, más los costos originados por intereses (9% anual) y honorarios a diversos estudios de abogados, lo que hasta el momento haría situar la cifra en alrededor de 127 millones de dólares.

Nuestro Uruguay soporta en este momento una deuda pública de alrededor de 13 mil millones de dólares, con pagos de capital e intereses para los futuros años de gran importancia. Es la consecuencia de la política de endeudamiento de los partidos tradicionales.

El absurdo y leonino contrato firmado por el actual gobierno, en febrero de 2002, contiene cláusulas absolutamente improcedentes e inconstitucionales que analizaré más adelante.

La crisis financiera y bancaria del año 2002, fue la consecuencia inevitable del neoliberalismo (gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional) en su apuesta para privilegiar el funcionamiento de la plaza financiera. Recordemos que en dicha crisis el Estado uruguayo trasladó a diversas instituciones bancarias 1.051 millones de dólares, utilizando inclusive a la Corporación Nacional para el Desarrollo y absorbiendo por la «aspiradora», recursos que tenían que haber sido destinados para el sector mutual, el industrial e inclusive para atender los sectores sociales más vulnerables. A ello debemos agregarle 1.372 millones de dólares para cubrir depósitos a la vista, incluidos el BROU y el BHU. En el transcurso del año 2002 el gobierno que preside el Dr. Jorge Batlle incrementó el endeudamiento, con organismos internacionales, en más de 2.000 millones de dólares que fueron trasladados al sistema financiero.

La historia del país en las últimas décadas indica que la mentada «plaza financiera» le ha costado al Uruguay miles de millones de dólares, por mala administración o por falta de controles, o lo que es más grave por reiterados robos cometidos por banqueros como los Peirano Facio o los hermanos Röhm.

Volviendo al contrato de capitalización del Banco Comercial, queda claro que el Presidente de la República y el Ministro de Economía violentaron normas constitucionales; lo hicieron a espaldas del Parlamento Nacional; el carácter de «confidencial» del documento originó, inclusive, la negativa de informar a las comisiones parlamentarias; se comprometieron a realizar aportes indefinidos para asegurar la liquidez y el patrimonio del Banco Comercial por un plazo de 11 años; se comprometieron a que en caso de litigio se aplique la ley que rige en el Estado de Nueva York; aceptaron que el Estado uruguayo fuera demandado por los mencionados 100 millones de dólares, en caso de no poder cumplir con las condiciones pactadas con los bancos internacionales.

Como vemos se entrega los recursos del país atados de pies y manos, pero para peor el fallo del Tribunal de Arbitraje es inapelable, por lo que tendremos que pagar si o si los 100 millones de dólares y los costos resultantes de la querella jurídica.

La decisión del Tribunal fue unánime contra el Estado uruguayo. Increíblemente, el arbitro designado por nuestro gobierno votó también en forma negativa contra los intereses de nuestro país.

No conformes con el desaguisado y el perjuicio ocasionado al firmar dicho leonino contrato, hace muy pocos meses, el 17 de mayo de 2004, el gobierno firmó ante la Corte Internacional de Arbitraje, un acuerdo de confidencialidad donde se establece que los documentos se usarán solamente para la acusación o defensa del arbitraje, lo que significa que no pueden ser utilizados por otros demandantes o lo que es más grave, se habilita la eventual destrucción de los mismos.

Las conclusiones son:

1) La impericia demostrada por el equipo económico y el Presidente de la República, en el tratamiento de un tema tan complejo al que debería haberse dado conocimiento al Parlamento Nacional, merecería el estudio de importantes sanciones.

2) La avaricia y falta de ética demostrada por los tres bancos beneficiados por el arbitraje, que habiendo sido socios del Banco Comercial, teniendo representantes en el Directorio, conocedores de la estafa de Carlos Rhom a quien ellos respaldaban, se atreven a reclamar dineros que no supieron defender y que saben bien que son imprescindibles para el país.

Unos y otros son responsables de sus actitudes.

El despojo que nos hacen los tres bancos internacionales es equivalente, inclusive, a lo que necesita el gobierno electo para atender, por un año, las necesidades sociales de los sectores marginados en el Uruguay . Una vez más los costos de los errores y los fraudes los paga el pueblo. *