El nuevo gobierno y la Justicia

Entre las múltiples tareas que el gobierno electo deberá abordar, destaca una reorganización del sistema judicial.

Primeramente, será preciso atender de manera correcta los justos reclamos presupuestarios del Poder Judicial. Es ya un lugar común señalar las brutales carencias que exhibe la administración de justicia y que han llevado a ese poder del Estado a convertirse en la cenicienta de la administración.

Un plebiscito puesto a consideración de la ciudadanía en octubre de 1999 proponía introducir una disposición por la cual se otorgaba autonomía financiera al Poder Judicial al impedir que las tijeras del Ejecutivo se ensañaran con la Justicia aplicando recortes presupuestales que entorpecen su funcionamiento.

Como se recordará, el texto de la reforma no obtuvo el apoyo del electorado y la situación financiera del Poder Judicial siguió siendo tan calamitosa como antes. Basta recordar las carencias en infraestructura que exhiben nuestros tribunales y juzgados: desde falta de bolígrafos y de papel para las impresoras hasta la imposibilidad de efectuar peritajes decisivos, pasando por los sueldos indecorosos que perciben los humildes funcionarios, para comprobar que el funcionamiento de la Justicia es casi milagroso y que está siempre al borde de colapsar.

Ese ahogo económico a que la somete la tacañería proverbial de los equipos económicos neoliberales conspira seriamente contra una función primordial de cualquier Estado.

Pero más allá de los aspectos financieros, el gobierno deberá encarar la solución de otro tipo de problemas. Por ejemplo, está pendiente de solución desde hace demasiados años la aplicación del nuevo Código del Proceso, así como la eliminación de los juzgados de Instrucción al haber dejado en manos de un mismo juez las dos etapas del juicio penal, el sumario y el plenario; asimismo, se deberá atender de manera urgente la ya endémica lentitud de nuestra justicia y deberá estudiarse la posibilidad de quitar a la Suprema Corte de Justicia sus funciones administrativas para que el máximo tribunal sólo se ocupe de su función jurisdiccional sin perder tiempo en engorrosas tareas propias de un administrador.

El gobierno entrante deberá proceder a atacar toda esta problemática cuya solución –que en última instancia debe ser legislativa– requiere de un análisis a fondo y de un debate en el que será menester oír la opinión de los directamente involucrados en el asunto, es decir abogados y magistrados.

Entendemos que si bien los problemas del Poder Judicial no revisten la gravedad de la indigencia y el descalabro social –ni requieren por tanto un plan de emergencia–, el gobierno de izquierda que asumirá el próximo primero de marzo no permanecerá de brazos cruzados –como ha sido la tónica de las últimas administraciones– ante los más que legítimos reclamos del poder del Estado encargado de impartir justicia. *