Las cosechas malditas

Entre los muchos «méritos» que corresponde atribuir al gobierno de facto que hubimos de soportar durante doce años –además del hecho no menor de haber sido pionero en la aplicación del modelo neoliberal–, debemos señalar la destrucción de valores que, mal que bien, estaban muy arraigados en la mentalidad y en el comportamiento de los gobernantes. A pesar de haber levantado la bandera de la honradez administrativa, la dictadura militar fue corroyendo, durante años, los clásicos conceptos de moralidad pública comunes a los uruguayos.

Cuando se produjo el retorno a la democracia en 1985, muchos organismos del Estado pasaron a ser un coto de caza privado, donde el jerarca de turno se sintió «dueño de casa» y se creyó con potestades para hacer y deshacer a su antojo. Un manejo irresponsable de la cosa pública permitió que el jerarca obtuviera beneficios para sí y para su círculo de relaciones. Los resultados están a la vista.

Los gobiernos colorados y blancos, apegados al modelo neoliberal, permitieron cualquier cosa. Así por ejemplo, emergieron como hongos las empresas de seguridad privada, propiedad de coroneles del Ejército e inspectores de la Policía, que le fueron quitando espacio al Instituto Policial, al tiempo que el Estado siguió pagando sueldos de hambre a sus funcionarios encargados de garantizar el orden; y lo siguen haciendo.

Lo mismo sucedió con los zares de la usura, quienes pasaron sus mejores años acumulando ganancias a expensas de la desgracia de miles de uruguayos que se quedaron sin casa, sin ahorros, sin nada; y en innumerables casos, sin vida.

Los ejemplos de la alteración del orden moral pueden ser muchos más, pero hoy nos detendremos en el análisis de lo que pasó en el Estadio Centenario el domingo pasado y, pocos días antes, en el Complejo Habitacional Euskal Erría 70.

El estado de conmoción, violencia e inseguridad es ya casi una constante, y no es más que otra de las cosechas que el país debe levantar con gran sufrimiento. Es el resultado de dejar libradas a la mano de Dios a cuatro generaciones de jóvenes; sin rumbo, sin destino, sin referentes creíbles y de calibre humano.

Es el resultado del aparatoso montaje de la lucha contra las drogas; de las oficinas instaladas en organismos públicos, con jerarcas ocupados en hacer diagnósticos sobre diagnósticos y de vez en cuando, alguna espectacular quema de un poco de marihuana, como si con ello se combatiera eficazmente el flagelo.

Mientras tanto, desde todas partes, la droga, en sus más variadas formas, sigue entrando a toneladas al país.

Poca comida, nada de educación, mucha droga y bastante alcohol es la combinación exacta y explosiva para destruir generaciones enteras cuando la política apunta hacia el vacío.

Después vienen las inevitables consecuencias. La violencia desmadrada se torna incontenible y nadie puede dar explicaciones sensatas sobre lo que está pasando. Desde sus púlpitos, algunos expertos en males sociales dan charlas y hasta cátedra sobre las causas de tanto desapego a las buenas costumbres.

Mientras los jerarcas puedan seguir en sus confortables oficinas y desde allí escribir enjundiosos ensayos de cómo prevenir la violencia, todo seguirá igual y cada vez peor.

El problema radica en un modelo profundamente injusto, que ha promovido una grosera concentración de la riqueza cada vez en menos manos al tiempo que expulsó y marginó a sectores cada vez más vastos. Y la exclusión implica deserción escolar, crisis de la familia, pérdida de valores, graves problemas de vivienda, falta de una correcta atención sanitaria y varios etcéteras.

Los hechos de violencia explícita que sacuden a la sociedad son los frutos que hoy cosechamos de una siembra de iniquidad. *