El Tratado de protección de inversiones con EEUU

El lunes 25 se firmó en Montevideo el Tratado de promoción y protección de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos por parte del representante adjunto de Comercio, Peter Allgeier, y el ministro Isaac Alfie en presencia del presidente Jorge Batlle. El Tratado regiría por 10 años si recibe la aprobación de los respectivos parlamentos (lo que en el caso uruguayo es harto dudoso).

Este tratado se lanza al ruedo seis días antes de una elección crucial para el destino del país y que puede aparejar, en la hipótesis más probable, un cambio fundamental en la orientación de la política económica. Además debe ser puesto a consideración de un Parlamento que está en receso desde el 15 de setiembre hasta la asunción de los integrantes del próximo Poder Legislativo, que serán electos el 31 de octubre venidero. Por otra parte, el elemental sentido común, así como las normas que debieran regir una transición política civilizada, aconsejaban un régimen de consulta e intercambio de opiniones del gobierno con los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad respecto a un instrumento de esta importancia, incluso en la etapa de su elaboración. Se hizo todo lo contrario: no se consultó a nadie, y lo que es más, se tramitó en el más estricto secreto.

El pasado 7 de setiembre se inicialó en Washington una primera versión del tratado (repito: que nadie en Uruguay conocía) por parte del representante comercial de EEUU, Robert B. Zoellick, y Alfie. No hubo ninguna comunicación del gobierno al respecto. Nos enteramos por una información de la embajada de Estados Unidos y por el periódico The Miami Herald. Alfie dice que lo mandó al Parlamento, y agrega algunas sandeces de su estilo, pero el hecho es que en el Parlamento no está. Es más; a esa altura el documento ni siquiera estaba traducido, y algunas informaciones que filtraron se basaban en el original en inglés. Luego el ministro reconoce que esa versión inicial fue modificada. O sea que hasta el momento de la firma en Montevideo, el texto definitivo en español no se conocía.

Este acuerdo fue presentado por los participantes gubernistas en sus alocuciones como un legado al nuevo gobierno. En todo caso, es un legado envenenado, enfilado directamente contra el Mercosur y contra la integración sudamericana. Va en el sentido de reforzar el bilateralismo con EEUU. Ya que el ALCA –con todas sus connotaciones agresivamente contrarias al interés de las naciones sureñas– no marcha, entre otras cosas por la decidida oposición de Brasil y Argentina, la potencia del norte procura dividir a nuestros países y firmar tratados bilaterales por separado, uno por uno. A esta estrategia responde el tratado con Uruguay.

Su esencia es proteger los intereses de los inversores estadounidenses. En la comunicación de la embajada norteamericana, fechada el 10 de setiembre, se decía: «El acuerdo habrá de fortalecer los lazos en materia de inversiones y comercio entre los dos países y conducirá a una mejor protección de las inversiones norteamericanas».

El concepto se refuerza en estos términos: «Este acuerdo va a profundizar nuestras relaciones económicas con Uruguay y a fortalecer la protección para los inversores estadounidenses». Para que no quepa ninguna duda, en la ceremonia de la firma en Washington se hizo presente el subsecretario de Estado (vicecanciller) Alan P. Larson, quien declaró: «Este acuerdo va a complementar y reforzar las significativas reformas económicas ya puestas en marcha por Uruguay» (o sea que hay un respaldo expreso a la política económica del gobierno) y reiteró que el mismo –ése es el leit-motiv– «proporcionará mayor confianza a los inversores de Estados Unidos… y Uruguay». Sin comentarios.

En los mismos tropos insistió el representante adjunto Peter Allgeier en la firma del documento en Montevideo, es decir: «Los inversores de los Estados Unidos en Uruguay y los inversores uruguayos en Estados Unidos (conmovedora reciprocidad) serán tratados como nacionales, y estarán protegidos contra posibles expropiaciones». Por ahí asoma otra punta significativa: impedir las expropiaciones.

Un cordón umbilical une este tratado con el maltrecho proyecto del ALCA. En la visita del presidente Batlle a su homólogo Bush de febrero 2002 en Washington se estableció una Comisión conjunta sobre comercio e inversiones.

En noviembre de 2003 se realizaron negociaciones conjuntas sobre el ALCA en Miami.

En vista de que las mismas estaban empantanadas, en ese entorno los dos países anunciaron su decisión de negociar el tratado bilateral de inversiones. Este que ahora asoma la cabeza.

Lo que procura el gobierno saliente es colocar al que le sucederá ante un hecho consumado. Y poner palos en la rueda de su opción manifiesta por un Mercosur ampliado y consolidado, por una comunidad sudamericana de naciones, aspiración común de las fuerzas progresistas de la región, de pueblos y gobiernos, una de cuyas expresiones características es el acta de Copacabana suscrita por Kirchner y Lula.

Una nueva prueba de ello nos la otorga el reciente documento emanado de la ultraderechista Heritage Foundation, consejera áulica de los gobiernos republicanos. Esta lanza un llamado al Senado a aprobar sin dilación el tratado de inversiones con Uruguay, antes de que la elección consagre el triunfo de Tabaré Vázquez.

Escriben: «El acuerdo entre EEUU y Uruguay debe tener fácilmente la aprobación del Senado. Los Estados Unidos deben actuar rápidamente o una oportunidad valiosa puede ser perdida.

Si Vázquez gana en la primera vuelta las elecciones presidenciales del 31 de octubre, la Asamblea General no podrá ser reconvocada para ratificar el tratado antes de que asuma el nuevo gobierno. Vázquez señala que las relaciones hegemónicas de Batlle con EEUU son un error.

El (Vázquez) favorece los lazos con el Mercosur». Para que el panorama se complete, el informe de la Heritage Foundation dice que el tratado servirá para «intensificar el comercio entre EEUU y el Cono Sur, apoyando en última instancia las negociaciones para el ALCA».

El día mismo de la firma del tratado se oyeron las primeras manifestaciones de rechazo por parte de legisladores de la oposición, y sin duda el Parlamento se convertirá en la arena de un gran debate cuando el tratado se someta a su consideración. *