Las Fuerzas Armadas como tema en debate

Aunque a algún partido se le haya empacado la mula y se mantenga obcecado en no hablar de otra cosa que del show televisivo entre los candidatos a la presidencia de la República, el mundo sigue andando.

Los engranajes de la sociedad compleja y articulada siguen moviéndose unos a otros con la lógica inexorable de las realidades vivientes que componen una estructura.

Como era de esperar en una circunstancia como la que vive el país, la cuestión militar tenía que aflorar de un modo u otro en el debate nacional. Y sucedió a partir de un hecho no previsto por nadie: la publicación de un libro de memorias de un general retirado que sustancia apreciaciones muy severas acerca del comportamiento de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

Significativamente, mientras en el repecho la mula sigue empacada y todo lo empapela pidiendo festival mediático, por otro lado, con precisión y firmeza, el doctor Tabaré Vázquez hace públicos los documentos sobre la cuestión militar bajo un gobierno progresista elaborados por la Comisión de Defensa del Frente Amplio, presidida por el prestigioso general Víctor Licandro y aprobada en distintas instancias democráticas y en el último Congreso del Frente Amplio de diciembre de 2003.

Como no podía ser de otro modo, las orientaciones del pensamiento progresista difundidas por su candidato a la presidencia de la república, plantean para las Fuerzas Armadas coordenadas doctrinarias absolutamente coherentes con los contenidos democráticos de la Constitución de la República.

Por consiguiente, rechazan categóricamente los factores remanentes de las doctrinas antidemocráticas y fascistizantes de la Seguridad Nacional, del «enemigo interno» y las «fronteras ideológicas» tan gratas al discurso y al hacer de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y que lamentablemente no se han podido terminar de erradicar del panorama castrense uruguayo.

En un contexto políticamente complejo, cuando estamos en los umbrales de un acto electoral trascendente, ante una temática militar delicada, no puede admitirse el silencio de los partidos, aunque la simbólica mula permanezca empacada.

El anuncio oficial de la formulación de un Tribunal de Honor para el general Pereira es otro desafío que roza los límites de lo legalmente admisible.

El movimiento de las autoridades del Ejército contra Pereira no oculta el propósito manifiesto de castigar al general que rompió el pacto de silencio que unificaba a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura, sobre los que ahora Pereira da testimonio y expresa su condena.

Se trata de cuestiones que, se suponía, estaban saldadas desde la transición, en 1984-1985. Ahora resulta que no es así.

El gran problema es que la democracia uruguaya no puede permitir que figuras políticas ligadas al proceso de transición, como Lacalle y, muy especialmente, Julio María Sanguinetti, sigan teniendo sus acólitos en el alto mando militar.

Las sanciones que se proyectan, el virtual linchamiento que se pretende contra el general Pereira no es sino la acción del mismo puñado de filogolpistas que han presionado a las instituciones de la democracia desde hace más de 20 años.

Son ocultamientos, complicidades y coautorías muy graves que, como resulta de otros de los asuntos aportados por Pereira, siguen teniendo lugar en plena democracia, como lo es el asesinato de Eugenio Berríos perpetrado con la complicidad de los agentes pinochetistas que actuaron criminalmente en nuestro país y ahora están presos en Chile. Sus socios uruguayos gozan de buena salud y siguen adelante en sus carreras de militares en actividad, con mando de tropa.

¡Qué cuadro! Si parece que las alas del Cóndor todavía sobrevolaran amenazadoramente los cielos de Uruguay, como ya no pueden hacerlo en ninguno de los demás países de la región que antaño pertenecieron a la criminal asociación. *