¿Quién manda en este país?

La pregunta, que durante un tiempo tuvo un eco muy específico, fue formulada allá por la década del cincuenta por líder de la mayoritaria Lista 15, Luis Batlle Berres, presidente primero y luego Consejero Nacional de Gobierno.

Dotado de un gran carisma y apoyo popular, Luis Batlle veía interferida su labor por los obstáculos que ponían desde otras posiciones políticas sus primos, César y Lorenzo Batlle Pacheco, personalidades también fuertes y de pensamiento lúcido pero conservador.

El ¿quién manda? remitía a la órbita legal y legalista de las relaciones políticas, propias de las luchas internas de los partidos en una democracia. También a los obstáculos que el Presidente encontraba en ciertas resistencias sindicales a alguna de sus propuestas.

Cuando hoy alguien se pregunta quién manda en este país, la pregunta abre un conjunto tan vasto de «escenarios aptos para toda duda» que en realidad resulta alarmante, institucional y democráticamente alarmante.

Empecemos por mentar, sin entrar a profundizar por ahora en el tema, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, órgano conductor del Poder Judicial de la Nación el que al menos siempre se dijo, constituye uno de los tres poderes del Estado cuya separación es garantía suprema para la vigencia efectiva del estado de derecho.

Si el Poder Ejecutivo interviene en las decisiones que deben adoptar los magistrados, ¿en qué ha quedado la célebre separación de poderes? ¿Qué se ha hecho de aquel motivo de orgullo del país, pobre pero honrado, chico pero completamente democrático, de la independencia técnica de los magistrados? ¿Qué se ha hecho de las doctrinas imperantes durante decenios en la Facultad de Derecho? ¿Dónde tendrán que formarse los futuros «hombres y mujeres de derecho»?

¿En la escuela de las normas, discutidas, probadas y racionales?

¿O por el contrario en la espesa y cambiante «escuela de la vida», en donde lo que prevalece es la fuerza y no el derecho, las rutinas y los renunciamientos y no la fuerza abstracta, racional de la norma?

Las heridas que desde arriba se le imponen al Poder Judicial y al prestigio de la ley ¿no debieran examinarse a la luz de la opinión de la cátedra? ¿No deberían expedirse sobre ella los gremios de estudiantes y docentes de la Facultad correspondiente?

Un señor ex militar del máximo rango en el Ejército nacional acaba de publicar un texto que contiene una serie de referencias autocríticas de gran elocuencia. Maneja ciertos conceptos generales, sin dar nombres, ni lugares ni fechas, pero se trata de reflexiones profundas sobre un drama nacional de proporciones

¿El testimonio del general Pereira no merecería ser examinado por la autoridad que representa al ministerio público?

Ayer alguna prensa daba cuenta de una comunicación del comandante en jefe del Ejército a los jefes de unidad de todo el país, sosteniendo que en el país las situaciones creadas por las violaciones a los Derechos Humanos estaban saldadas.

El jefe del Ejército no tiene facultades para decidir acerca de qué problemas están saldados o no en el ámbito judicial.

De lo contrario, ¿qué sentido tendrían las sentencias judiciales que han ordenado el cese de la remoción de tierras de los Batallones 13 y 14 donde se presume la existencia de cementerios clandestinos, y, por tanto, restos de los cuerpos de ciudadanos detenidos-desaparecidos?

¿Quién tiene competencia en el caso? ¿Dónde se va a resolver? ¿En los estrados judiciales o en la interpretación del contenido de los radiogramas cursados a las unidades por parte de los jerarcas militares?

De prevalecer esta tendencia, de primacía de las soluciones «de facto», los estudiantes de Derecho tendrían que realizar sus pasantías en los cuarteles o en el Comando del Ejército y no en las sedes judiciales o de los tribunales de apelaciones. Sería más instructivo para entender acerca del sentido del derecho que prevalece en nuestra democracia. *