Costo social de las inversiones

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de promover la inversión privada, es decir de atraer capitales que se inviertan en la producción como manera de generar fuentes de trabajo y apostar al crecimiento económico. En ese sentido, los candidatos presidenciales de los tres lemas más importantes coinciden en cuanto a la necesidad de crear las condiciones apropiadas para fomentar esa inversión.

Recientemente, el Banco Mundial ha dado a conocer un informe que analiza las condiciones para la inversión en 145 países del mundo. Dicho informe del BM, titulado «Haciendo negocios 2005″, señala los avances y omisiones de Uruguay en aspectos concernientes a favorecer la inversión privada.

De acuerdo con el organismo de crédito internacional, nuestro país ofrece dos flancos débiles que operan como óbice a las inversiones: lo engorroso, costoso y lento de los trámites burocráticos requeridos para instalar una empresa; y la falta de seguridad jurídica que pone en riesgo el cumplimiento de los contratos.

En cuanto a la dificultad que suponen los trámites, nadie tiene dudas de que tal dificultad opera como un desestímulo para cualquier inversor. Y llama la atención de que ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde que los inversores se convirtieron en la vedette codiciada haya dado ni un paso para eliminar trabas burocráticas y agilizar los trámites; ni la oposición más radical se hubiera negado a acompañar iniciativas en tal sentido.

En lo que tiene que ver con la tan reclamada «seguridad jurídica», resulta incomprensible la objeción por cuanto nuestra institucionalidad democrática y nuestro régimen jurídico en modo alguno ponen en riesgo el cumplimiento de los contratos. ¿A qué se refiere el BM cuando se queja por la falta de seguridad jurídica? ¿Pretenderá, acaso, que se elimine del texto constitucional el recurso de referéndum?

Pero no todo son críticas en el informe del BM. Uruguay se ha hecho acreedor a una buena nota en un aspecto que tiene que ver con dar facilidades a los inversores. En efecto, nuestro país se destaca por la desregulación laboral, postulado dorado del libremercadismo. Merced al esfuerzo de la administración Lacalle y al continuismo practicado por las administraciones coloradas que le sucedieron, el mercado laboral privado en Uruguay permite contratar o despedir personal más fácilmente que en otros países de la región.

Este hecho, que merece los plácemes del organismo crediticio internacional, significa que la seguridad de los inversores está en relación inversamente proporcional a la de los asalariados. O sea que, para dar seguridad al capital privado, sacrificamos la seguridad de los trabajadores; para que los capitalistas no tengan sobresaltos, hemos propiciado que el proletariado viva a los saltos: la angustia de unos bien vale la tranquilidad de otros.

¿No estamos pagando un precio demasiado alto para atraer inversiones que no sabemos si redundarán realmente en el bienestar de la población? *