¿Para qué se dobló la apuesta?

En nuestro país hay quienes hablan más de la cuenta. Se presumen personajes magnánimos que se ponen en el centro de la atención para modificar elementos perimidos del funcionamiento del Estado, alegando la necesidad de hacer descender su peso y, a la vuelta de la esquina –cuando uno rasca como se debe– se encuentra que ellos mismos han sido quienes han utilizado el más brutal clientelismo para abarrotar a las dependencias públicas de miles de funcionarios que, en definitiva, retrotraen la situación a lo anterior.

Recordemos la disposición que prohíbe el ingreso de funcionarios a la administración pública por un lapso de diez años, afirmando el legislador que esa acción estaba destinada a evitar males mayores, sin advertir la necesidad de mantener a nivel de las dependencias estatales una lógica renovación de cuadros que, obviamente, deben ir preparándose desde el comienzo. Pero, de la aparentemente plausible acción del legislador a la realidad existe una diferencia muy importante. Si uno va a muchas empresas del Estado advierte que no todos los funcionarios son veteranos sobrevivientes de un pasado politizado al máximo. Se encuentra que hay funcionarios de generaciones más nuevas que ingresaron sorteando la referida ley de mil maneras distintas. Entonces, ¿para qué se legisló impidiendo los nombramientos? ¿Para qué el actual presidente Jorge Batlle, cuando era senador, «dobló la apuesta» llevando a diez años el período por el cual la administración estatal no podía promover nuevos ingresos de funcionarios?

Evidentemente que se trató sólo de una alharaca parlamentaria, aprobándose una norma tendiente a evitar el llamado «clientelismo», que estableció un obstáculo al ingreso de los jóvenes, pero que no evitó las deformidades de una metodología política que se siguió aplicando sin medida, pero con subterfugios de todo tipo que hoy, cuando se quieren regularizar perversas situaciones creadas, determinan obstáculos, algunos de ellos con un contenido explosivo, que enrarecen más el funcionamiento del Estado.

Pasantes, becarios, contratados, personal que cumple tareas para empresas «tercerizadas», etc. Un desorden infinito, irregularizable y escandaloso. Son miles los trabajadores del Estado que se encuentran en esa situación incierta que muestra, más allá de toda otra consideración, cómo el clientelismo ha seguido rampante, sin trabas ni cortapisas.

La tímida norma presentada para su aprobación por senadores de los tres principales partidos, que tendía a regularizar la situación de becarios y pasantes, encontró en su camino esta situación distorsionada e ilegal en su contenido y su forma, que evidentemente no pudo sortear las primeras etapas parlamentarias. Se pudo comprobar con solamente el anuncio de esa iniciativa, que los administradores del Estado habían utilizado arbitrios de todo tipo para mantener en las oficinas públicas a miles de funcionarios que, obviamente, habían ingresado dentro de un marco legal –el de los becarios y pasantes– pero que por necesidades propias del servicio, clientelismo o amiguismo, eran mantenidos años y años en la tarea, violentando el mecanismo establecido para su ingreso y su estadía en la función.

Una situación que es explosiva. Son miles los trabajadores que se encuentran en esta situación. Regularizarlos, como pretendía el proyecto que comentamos, significaba convalidar una situación irregular, pero además tirar por la borda todas las afirmaciones realizadas en torno a la necesaria racionalización de la función pública.

Racionalizar la administración, bajando su costo y mejorando su eficiencia, no es el objetivo de una sola cultura económica. Es una necesidad del país.

Obviamente estamos ante una situación que quedará a resolución del nuevo gobierno.

Otro elemento de la herencia maldita. *