Un saludable ejercicio democrático

Como lo recuerda el diputado Víctor Rossi en la contratapa de esta misma edición, hace 31 años se consumaba el asalto de los motineros y sus cómplices civiles contra las instituciones, contra las organizaciones populares y contra el pueblo en general.

No pretendemos hacer de esta nota un análisis histórico, pero nunca está de más recordar que, junto a un cúmulo de factores de diversa índole que se conjugaron para posibilitar el quiebre institucional, el desprestigio de los dirigentes políticos y de la actividad política allanó el camino a los golpistas.

En efecto, no debemos olvidar que durante los años sesenta fue verificándose un deterioro progresivo de la imagen de los dirigentes políticos que ocupaban cargos de gobierno. Prebendas, privilegios, acomodos, amiguismo, clientelismo y otros vicios que la población había venido detectando desde tiempo atrás, sumados a escándalos de corrupción o encubrimiento de delitos económicos, todo eso fue minando el prestigio de los partidos políticos a los ojos de la opinión pública. Y ese desprestigio, ese deterioro de la imagen de los dirigentes y de la actividad política supo ser convenientemente utilizado por los ideólogos del golpismo para legitimar sus desbordes y justificar su apartamiento de la legalidad. No olvidemos que en octubre de 1972, el entonces senador Jorge Batlle –hoy Presidente de la República– fue detenido y debió pasar unos días en un cuartel mientras era objeto de una investigación extrajudicial –y al margen del ordenamiento legal– sobre su presunta vinculación con el famoso caso de la infidencia. Este episodio, junto a otras acciones parecidas y a la enunciación de propósitos más o menos plausibles de las Fuerzas Armadas, abonó la percepción en la opinión pública de que la política era una mala palabra y los políticos, al barrer, gentes dignas de desprecio. Y al tiempo que se devaluaba la actividad política y los dirigentes políticos perdían prestigio a los ojos de la población, los militares asumían un protagonsimo cada vez mayor y se recubrían de una aureola mesiánica que llegó a calar hondo en la sociedad. Todo ello, obviamente, tendió a justificar todo tipo de atropello a la legalidad.

Todos sabemos cuánto sacrificio y cuánto dolor fueron necesarios para desplazar del poder, luego de más de diez años de horrores, a esos iluminados –pronto transformados en terroristas de Estado– que pretendieron erigirse en salvadores de la patria.

Todo este recordatorio viene a cuento en razón de que hoy, precisamente, cuando se cumple un nuevo aniversario de la infamia, el cuerpo electoral está convocado a las urnas para elegir a los candidatos presidenciales de cada colectividad política. Una coincidencia debida al azar adquiere características de símbolo y debe movernos a reflexión.

Porque a nadie escapa que, una vez recuperada la democracia y la plena vigencia del estado de derecho, poco duró el recobrado prestigio de la clase política. En efecto, paulatinamente, ha venido incrementándose el descreimiento de la población en el sistema político. Frases como «son todos iguales» –que se asemeja peligrosamente al «que se vayan todos» argentino– se oyen con frecuencia en labios de mucha gente, desilusionada por la inoperancia de los elencos gubernamentales y desanimada por la reiteración de viejas prácticas.

Por eso la instancia de hoy adquiere especial significación, por abrir un espacio participativo y permitir la expresión del soberano. Pero eso no basta para que la tarea política recupere su perdido prestigio. Es preciso que las viejas colectividades históricas hagan funcionar de veras la democracia interna como forma de legitimar las decisiones tomadas por los órganos partidarios. Y, por encima de todo, es fundamental que los gobernantes no olviden que se deben al pueblo que los eligió y que a él deben rendir cuentas.

Allí radica la verdadera salud de la democracia. *