Siempre el camino pro cíclico

El gobierno, en otra muestra de insensibilidad, se muestra molesto porque en la Cámara de Diputados se votó por 49 votos en 53, una minuta de comunicación en base a la que se propone otorgar un incremento masivo a jubilados y pensionistas, de 500 pesos, lo que sumaría, de acuerdo a la operación aritmética que se realiza, unos 150 millones de dólares.

Lo que no tiene en cuenta el ministro es que ese dinero, de inmediato, se volcaría al consumo, agrandando la base monetaria de nuestra economía que, durante la crisis, se redujo a la tercera parte. Y tampoco dice que si ese incremento ocurriera y se volcara al consumo, crecería la recaudación en la proporción de la suma que se volcara sobre la economía. Sobre esa cantidad se podría calcular el IVA encadenado, impuesto indirecto que siempre ha tenido una influencia nefasta sobre el crecimiento del país, comprobándose que esa mejora de 500 pesos por jubilado y pensionista, determinaría un importante incremento de los ingresos para la DGI.

Sin embargo, el ministro de Economía, Isaac Alfie, con sus manuales atrasados, sigue sosteniendo que ello sería negativo. Parte de la conclusión de siempre, que la forma que tiene el gobierno para acumular dólares y llegar al 3,5 puntos del superávit previo exigido por el FMI es seguir apretando el cinturón de la gente. Si los jubilados y pensionistas cobraran 500 pesos más por mes, cada uno de ellos compraría más leche, más carne, quizás zapatos, etc., podrían dejar de aparecer como morosos de UTE.

Es una suma exigua, insuficiente para mejorar las condiciones de los pasivos que cobran menos, pero que serviría para dar un vuelco a una tendencia perniciosa de nuestra economía. Esa suma mejoraría en 150 millones de dólares al año, la capacidad de compra de un sector, dinero que se trasladaría de inmediato al comercio que debería surtirse en mayoristas, muchos de los que, en lugar de importar sus insumos, movilizarían a sectores de la industria nacional.

Lo que decimos es de una obviedad tal que sorprende tener que repetirlo ante cada medida del gobierno, que siempre con sus criterios pro cíclicos hace lo contrario. Trata de retacear el ingreso de la población por diversas vías, una de ellas es el aumento de las tarifas públicas, que desencadena una cascada de incrementos que los trabajadores, jubilados y pensionistas, deben hacer frente con ingresos que pierden cada día más poder adquisitivo.

Es de esperar que el ministro Alfie, que tiene el antecedente de sostener, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, que no existe una mayor marginación en el país sino, simplemente, una emigración desde el campo a la ciudad, no salga a decir, con la inconsistencia que lo caracteriza, que el país está en el buen camino.

Estamos en un país en que la indigencia se está expresando, como en el departamento de Artigas, en una dramática desnutrición infantil, y que la pobreza de casi un millón de personas se ve en cada calle, en cada carrito de hurgador que no sólo levanta basura para comercializar, sino que en ocasiones, come los restos que allí encuentra, escena de un dramatismo atroz que se puede ver en cada esquina de la ciudad.

En Montevideo –¿lo sabrá el ministro de Economía?– hay barrios completos en donde la mayoría de sus habitantes no tienen ingresos formales. De allí salen los hurgadores, pero también es donde se engendra la violencia, tanto contra la propiedad como contra las personas. La política de gobierno ha dividido a nuestra sociedad, entre los que buscan sobrellevar su miseria, y quienes defienden su estilo de vida protegidos por rejas cada vez más altas, que a la larga si esto sigue así, de nada servirán.

El exiguo aumento de 500 pesos para los pasivos sería un paso positivo, pese a que en los casos puntuales no resolvería muchas cosas. Pero, eso sí, sería emprender un camino nuevo, apoyando a un sector postergado que, de paso, determinaría movilizar, en algo, a algunos sectores de la economía que siguen languideciendo junto al endémico consumo de la población. *