El recurso represivo

Han transcurrido dos meses del lamentable episodio ocurrido en el Liceo de Maroñas en el que un niño disparó un arma de fuego que hirió a una condiscípula.

Dijimos entonces que el hecho trascendía lo meramente policial para convertirse en un tremendo síntoma de una patología social –el deterioro material y moral que padecen numerosos sectores de la sociedad– en que la violencia parece haberse entronizado pautando el comportamiento de los individuos y su forma de vincularse. «Porque si bien no es un hecho común que un liceal vaya a clase armado, el episodio se enmarca en un contexto de violencia y agresividad que va ganando poco a poco a toda la sociedad y no debe tomarse como un hecho aislado, fortuito, debido a un desajuste psicológico, como el que podría ocurrir en cualquier otra zona no carenciada. Estamos hablando de un barrio típico montevideano, de clase media baja, que sufre –como tantos otros– los efectos sociales de la crisis y que ha visto degradarse paulatinamente la calidad de vida de sus habitantes». En ese contexto, los familiares del niño dijeron que éste venía siendo objeto de amenazas, muchas de las cuales se materializaron en agresiones físicas, y que esa circunstancia lo habría decidido a hacerse del arma de uno de sus hermanos policía como forma de defenderse ante posibles nuevas agresiones. Ello en modo alguno justifica la actitud del niño, pero la explica en parte por el acoso a que estaba sometido en ese clima de violencia a que aludimos.

Como consecuencia del triste suceso –y como es sabido por todos–, la niña sufrió una seria lesión que la obliga a desplazarse en silla de ruedas mientras espera reunir el dinero para un tratamiento en el exterior; y en cuanto al niño que efectuó el disparo, el juez de menores decidió que fuera internado en una dependencia del Iname. Transcurridos dos meses, el juez –de acuerdo con el fiscal– acaba de denegar la libertad del joven Marcos resolviendo que la pena se prolongue por un mes más.

Más allá de las razones técnicas y/o legales que hayan llevado al juez a fallar como lo ha hecho, entendemos que se trata de una medida equivocada. Porque si bien somos contrarios a que los delitos permanezcan impunes, no somos partidarios de la represión como única respuesta. Y habría que preguntarse si realmente el niño Marcos reviste una peligrosidad especial que amerite retenerlo prisionero, pues no hemos tenido noticia de que alguna pericia psiquiátrica así lo haya consignado. ¿Qué se busca, entonces, manteniéndolo privado de su libertad? ¿Se trata, acaso, del carácter expiatorio de la pena? ¿Considera la Justicia que el tiempo de reclusión no es suficiente para saldar la deuda con la sociedad?

Creemos que en este caso –como en tantos otros– el victimario también es víctima, y hubiéramos deseado que el joven permaneciera en su entorno familiar, apoyados, él y su familia, por una tarea de asistencia social a fondo.

Hacemos votos por una pronta y satisfactoria recuperación de la niña de modo tal que pueda llevar una vida normal. También hacemos votos por una pronta reinserción del niño a su vida familiar y a su vida social. Pero más que esa expresión de deseos, importa destacar la urgencia en abordar la problemática de la violencia y la agresividad que vive la sociedad toda y que no se resuelve con mayor rigor punitivo sino atacando las causas del fenómeno. *