El necesario acuerdo social

Para el 17 del corriente, día en que el Banco Central anuncia el remate de las carteras morosas del Banco de República y de los tres bancos en fase de liquidación, los trabajadores bancarios agrupados en AEBU, y la Federación Rural del Uruguay, realizarán una demostración conjunta oponiéndose a que se privatice la gestión de cobro de las mismas.

Esa movilización es fruto de un incipiente acuerdo social entre trabajadores y sectores de la producción, quienes, con objetivos diferentes, se oponen al camino que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo para desprenderse de un cúmulo de carteras que superan los 1.500 millones de dólares, que son el resultado de la pésima gestión que se produjo por años en el sistema financiero y, además, de los descalabros de la economía del país que fue destrozando –lamentablemente– las posibilidades de pago de muchos deudores que hoy también son las víctimas de un proceso de crisis que todavía no ha finalizado.

¿Se imagina el lector qué pasaría si el cobro de esas carteras no se realizara con un criterio de ecuanimidad? Obviamente, la crisis se multiplicaría por mucho, porque se ejecutarían de manera implacable las garantías, produciéndose, por tanto, una mayor extranjerización en la propiedad tanto de la tierra como de inmuebles e incluso de otros bienes en dedicados a labores industriales. ¿Por qué decimos esto? Porque, como muchos, sabemos muy bien quién es el «caballo del comisario», quién tiene interés en la compra de los vales impagos, qué es una entidad bancaria extranjera. Es elemental pensar que dicha empresa bancaria de inmediato realizaría una rápida gestión de cobro y, por supuesto, iniciaría la ejecución de las garantías, con lo que se resarciría con creces de los gastos producidos por la compra del total de esos documentos de adeudo.

Se estima que existen bienes que suman entre 400 y 500 millones de dólares garantizando parte de los documentos morosos y que en el remate, programado para el próximo 17, de la totalidad del paquete, este se comercializaría en una suma menor a los 100 millones de dólares.

¿Cómo se puede calificar una acción de estas características? ¿Cómo es posible que el gobierno pretenda realizar un negocio tan malo para los intereses del país? La verdad es que el criterio manejado e impulsado por el FMI, no es el de la negociación con el deudor, en una progresiva búsqueda para que el mismo se ponga al día, sino otra cosa: una inmediata apropiación de las garantías, luego de un trámite «urgente», que tendría como consecuencia una nueva crisis social con miles de afectados.

¿Por qué decimos esto? Simplemente porque se ha informado de la urgencia que ha puesto el FMI, afirmando que el trámite de liquidación de los bancos camina muy lentamente y, en segundo lugar, por entender la lógica del sistema capitalista. ¿Qué hará el «caballo del comisario», el posible banco extranjero comprador del paquete de cuentas morosas? Lo lógico es que trate de ganar la mayor cantidad de dinero posible por la ejecución de las mismas.

Por todo ello es que los uruguayos debemos luchar con uñas y dientes, como han resuelto hacer AEBU y la Federación Rural, contra una peligrosísima modalidad que, en definitiva, determinará perjuicios para todos. *