Un Estado que no es una Nación

La responsabilidad del Ministerio de Economía y el Banco Central siguen en cuestión. Lo que está ocurriendo con la gestión para el cobro de las carteras de los bancos en vías de liquidación es de una desprolijidad tal que debe preocupar a todos los uruguayos. Porque detrás de cada peso que no se puede recuperar, de los miles de millones de dólares que están en mora, hay más pobreza para los uruguayos. Debemos recordar que no solo se deben recuperar las carteras de los bancos liquidados en la crisis de 2002, sino más de 600 millones de dólares del Banco Hipotecario, que está viviendo uno de los picos de morosidad más agudos de su historia.

Las autoridades bancocentralistas están mostrando una incapacidad pocas veces vista y, en lugar de organizar de la manera correcta el rescate de las carteras, prefieren manosear a los trabajadores bancarios, intentando convertir a esa labor, necesaria para el saneamiento de las finanzas públicas, en un negocio ideado sólo para algunos; seguramente, los mismos de siempre.

A todo lo ocurrido en esta pretendida recuperación de carteras, plagada de idas y venidas del Banco Central que recorre un camino sinuoso que terminará en un pantano del que será difícil salir, se suma otro ejemplo que motivara un planteamiento del diputado Víctor Rossi en la Cámara de Representantes, en torno a los contratos firmados entre el Ministerio de Economía y los directores del Nuevo Banco Comercial (NBC), estipulando algunos sueldos mayores al que cobra cada uno de los presidentes de los países de nuestro continente.

Claro, esa «generosidad» del Ministerio de Economía, al ser denunciada públicamente (habíanse fijado sueldos de 30 mil dólares, que cobraban el presidente de esa institución, el economista, Gustavo Licandro, y el director gerente, Paul Elbersen) el escándalo consecuente determinó la renuncia del primero que igualmente cobró una suma que a cualquier trabajador uruguayo le hubiera costado años de esfuerzos. Elbersen, en cambio, fue destituido por el ministro de Economía, no por el privilegio insólito de que gozaba, sino por haber discrepado públicamente con el mandamás de la economía de turno, el ministro Isaac Alfie.

La irregularidad de esos sueldos siderales fue responsabilidad de alguien, indudablemente. El diputado Rossi en dos ocasiones reiteró un pedido de informes, tratando de conocer el texto de los contratos que habían establecido esas regalías y, por supuesto, quiénes las habían autorizado y rubricado. Así lo exigía la lógica republicana con que se deben manejar los dineros públicos. Sin embargo, al parecer, el Uruguay en algunos temas es un Estado, un territorio, pero no una Nación.

Querer conocer la responsabilidad del desquicio ocurrido en el Nuevo Banco Comercial, parece una tarea imposible. El gobierno no está dispuesto a abrir la Caja de Pandora y, en un necesario acto de transparencia, indicar quiénes fueron los responsables de ese dislate insoportable en un país en el cual alrededor de un tercio de la población vive en la pobreza.

Un escándalo de proporciones, insólito y lleno de implicancias. Que el ministro Alfie siga negándose a entregar esa información es grave, muy grave, porque no es posible que un secretario de Estado no quiera aclarar un tema de esta magnitud porque, seguramente, las implicancias tocan a personajes del gobierno.

Felizmente, la Cámara ha hecho suyo el planteo de Rossi y exige una rápida respuesta al Ministerio. *