Lo ocurrido en la Corte Electoral

Esta Corte Electoral que sigue funcionando mal integrada es sin duda la expresión de la politiquería más lamentable, que muestra cómo en momentos de crisis, quiebra la legalidad –que debería sostener en cada una de sus acciones– pisoteando las normas ante intereses sectarios de grupos políticos, de los que son representantes sus integrantes. Lo ocurrido el jueves por la noche es una expresión descarnada de ello, aparecen síntomas donde la politiquería más aberrante se impuso sobre los derechos de la gente que pretendía, sobre el plazo del vencimiento, concretar su inscripción cívica.

El tema es grave no sólo por lo más espectacular que fue la concreción de un escándalo de proporciones en el cual la Policía, generalmente mal entrenada para resolver situaciones de este tipo, recurrió a la violencia, cuando lo que debía hacer era mantener el orden para que el trámite se concretara de la manera más rápida posible.

La situación podía haber sido prevista por la Corte hace varios meses si hubiera tomado en cuenta la experiencia de años anteriores y, además, atendido lo que le señalaban los propios funcionarios de la repartición que reiteraron una y otra vez que no era posible llegar a inscribir a todos los interesados en el plazo que marca la ley. ¿Por qué no se adoptó alguna medida al respecto? ¿Qué razón existió para que no se flexibilizaran los trámites? Se afirma que algunos políticos tradicionales influyeron sobre sus correligionarios ministros para que ello no ocurriera.

Sin embargo, esos mismos ministros que no arbitraron soluciones generales, que se negaron a aprobar diversas fórmulas que además no son nuevas porque se han aplicado alguna vez en el pasado, habrían entregado tarjetas de recomendación para que los «privilegiados» de la recomendación ingresaran, sin trastornos, por una puerta secundaria, hecho de enorme gravedad que fue documentado por la prensa.

Esta situación exige una reflexión muy amplia que no debe excluir a ningún sector, pues evidentemente lo ocurrido en la Corte Electoral no es más que otra muestra de la manera en que está funcionando la democracia en el país y cómo, además, los viejos vicios políticos recobran virulencia cuando las situaciones se tensan y los organismos tienen que tomar decisiones trascendentes.

Frente a la crisis se prefirió utilizar la vieja práctica del acomodo, del favor político, de la tarjeta de recomendación, para que algunos pudieran realizar el trámite.

Con ello, en primer lugar se violaron derechos inalienables de los ciudadanos, fundamentalmente jóvenes, que querían regularizar su situación para poder sufragar en octubre del corriente año. ¿No advirtieron estos señores que con esa intolerable aplicación de los viejos métodos del clientelismo, no sólo se estaban invalidando a sí mismos, sino que se mostraron a todos que las más elementales funciones del organismo no fueron respetadas, ni cumplidas por los propios ministros que están a la cabeza del mismo?

Tenemos que reseñar otra enormidad irregular, otra práctica que eriza la piel por su significación. La que se concreta como otra práctica habitual. A los favorecidos con la tarjeta de recomendación, posteriormente de confeccionado el documento, les es entregado en los clubes políticos.

Mientras tanto, los ciudadanos que concurrieron a realizar el trámite normalmente, sin haber logrado previamente el salvoconducto de la tarjeta, debieron hacer largas colas, esperando horas y horas para ser atendidos. Y los que llegaron más tarde, quizás por razones de trabajo, etc., fueron víctimas de una insoportable represión de la Policía, a la que se le paga para guardar un orden que muchas veces es la primera en quebrar.

Un verdadero desastre que debería tener consecuencias políticas para los responsables de todo ese lamentable proceso. Una demostración más de cómo en el país sigue imperando la arbitrariedad sobre la justicia. *