El derecho al honor sólo para algunos

El memorándum de 18 páginas elevado a la jueza Fany Canesa por el inspector general Roberto Rivero, que fuera publicado íntegramente en la edición de LA REPUBLICA del jueves 15, permite avanzar en algunas claves del complejo episodio que toma estado público a partir de su remoción como Director Nacional de Policía.

Estamos en el inicio de una investigación judicial y en medio de otra que llevan adelante organismos y agencias estatales de distintos países sobre el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.

No parece ser el momento de establecer conclusiones sino más bien de aspirar a que las instancias judiciales y parlamentarias que, a justo título han tomado participación en el asunto, diligencien con la mayor prontitud sus sentencias y resoluciones para un mejor abordaje de la represión del o los delitos y para un exhaustivo conocimiento de las todas estas incidencias por parte de la ciudadanía.

Las informaciones, todavía fragmentarias, que se han ido conociendo permiten, no obstante, ir esbozando algunas conclusiones.

Y entre ellas no es menor procurar responder a las interrogantes que surgen cuando se observa la celeridad y eficacia con que un ciudadano logró detener la investigación que lo involucraba, logró la destitución del alto jerarca policial que la impulsaba, la disolución de la Sección Este de la Brigada Antidroga y –además– convertirse durante varios días en el principal artífice del planteamiento ante los medios de comunicación de una «cuestión de honor» que lo afectaba.

La influencia en la salvaguardia del honor del vendedor de una casa en Punta del Este fue tan intensa que, por primera vez en la historia reciente del país, desde el gobierno se habló de funcionarios que incurrían en el «terrorismo de Estado».

La expresión, usada en las denuncias a los atropellos cometidos en forma sistemática y continuada por los gobiernos dictatoriales de la región, no ha sido frecuente en los gobiernos anteriores, por lo menos dentro del país.

Significativo resulta también que el primer hombre de uniforme al que se le asigna, con nombre y apellido, nada menos que tal imputación sea el inspector Roberto Rivero, el día que, a través de un subordinado, envía un escrito a la jueza para que lo autorice a realizar una investigación.

La existencia de un tratamiento «preferencial» que sufragaba en favor del imputado por el inspector Rivero a raíz de la venta de una casa en Punta del Este apareció clara desde el comienzo de la difusión pública del asunto.

En una entrevista realizada por la periodista María Urruzola al ministro del Interior, Guillermo Stirling, publicada ayer por el semanario Brecha, la existencia de un orden de «privilegios» para determinados ciudadanos, resulta todavía más evidente.

Para Stirling, el oficio por el cual un policía pide autorización judicial para indagar, en el marco de una investigación reservada, a determinados ciudadanos (que aparecen indicados en las hipótesis de las agencias especializadas en la lucha contra el tráfico) implica «enchastrar a personas, bancos, estudios,… someterlos a escarnio público».

«¿Cómo se va a enchastrar a una persona con un oficio interno?¿Usted parte de la base de que iba a ser público? Pregunta Urruzola.

«La pauta la da que le llegó una fotocopia», contesta el ministro Stirling.

Sobre el punto, en su edición de ayer LA REPUBLICA da cuenta que la jueza de Maldonado realizó una investigación apuntada, justamente, a determinar cómo salió de su juzgado el oficio de la discordia.

La investigación determinó que quien filtró el documento fue … ¡un oficial de la Policía!

En otro orden, vale la pena detenerse a pensar qué ha pasado mientras tanto con otros ciudadanos que no disfrutan del amparo del poder.

Sin ir más lejos a quienes, como vendedores de unos campos en el paraje «Las bolas» de la cuarta sección del departamento de Flores, con el mismo escribano y al mismo comprador ligado al grupo de los Di Tulio, aparecen nombrados sus establecimientos y ellos, con pelos y señales.

Visto más en general, el episodio plantea una gran interrogante.

Los ciudadanos comunes cuando son objeto de una pesquisa policial ¿tienen esas mismas salvaguardias, preavisos y diligencias estatales para la preservación de su honor?