Por un archivo nacional de la memoria

Noticias procedentes de Suiza y Francia dan cuenta de una serie de declaraciones efectuadas en el viejo continente por parte de dos destacadas personalidades de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, las señoras Estela Carlotto y Rosa Roisinblit.

Las Abuelas, como es sabido, han cumplido un papel importantísimo en la búsqueda de niños secuestrados en Argentina y Uruguay durante el período de las dictaduras.

En la actualidad, todavía hay más de 400 niños que se encuentran en esas condiciones. Han sido privados de su verdadera identidad, sus padres biológicos forman parte de la nómina de ciudadanos desaparecidos y para ellos se ha urdido una situación familiar basada en el desconocimiento de sus derechos y en la mentira.

Las dos titánicas luchadoras han formado y forman parte de las más avanzadas legiones en la lucha por la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el Cono Sur. Han cumplido en los últimos veinte años ese rol como indagadoras de la verdad y como artífices de la memoria y la identidad recobrada de decenas de niños argentinos y uruguayos

Ahora ponen el acento en que se haga público el contenido de los archivos militares que contienen información acerca de las operaciones represivas que culminaron con la desaparición de personas.

Mientras en Uruguay eso forma parte de «lo que no se habla», para emplear la expresión que da título a una muestra premiada en el reciente Salón Nacional de Artes Plásticas, en Argentina ya existen disposiciones legales que abren el camino para la apertura pública de esos archivos.

Se trata de un paso trascendente en el sentido del esclarecimiento de situaciones dramáticas, cuyas consecuencias aún perduran.

Pero van más allá de eso.

La negativa permanente de las autoridades uruguayas a la apertura pública de la información militar referida al período de la dictadura indica que hay algunos pasos decisivos que dar en materia de transición democrática que aún encuentran obstáculos.

El Estado uruguayo, bajo el sistema político hasta hoy dominante, no ha conseguido hacer entender a una parte de sus funcionarios (militares) el carácter de la tarea que desempeñan, que ellos no son los salvadores de la Patria y que, mediante una intervención mesiánica, la han arrancado de las garras del marxismo y la politiquería, sino que, por el contrario, son servidores públicos, se deben a las instituciones y no son dueños ni de una memoria ni de una información que puedan sustraer al público conocimiento.

No son una fracción, ni una logia, ni una secta, ni un partido. Son funcionarios públicos, al servicio de la nación. Son servidores de la ley e iguales ante ella. Y su razón de ser es salvaguardar la vigencia del Estado de derecho en el país.

Sin esa relación «laica», transparente, con el Estado y la sociedad, la fuerza armada queda inhabilitada para cumplir con sus fines de preservación de la soberanía, la defensa de las fronteras y la paz.

Hace casi veinte años que en el país se recuperó la democracia. Hace ya muchas décadas que la guerra ha terminado. Los documentos que registran las actuaciones hechas desde el Estado y que tienen que ver con la desaparición de personas deben ser puestos, a través de la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, a disposicioón de la sociedad, de los magistrados y familiares, de los cuerpos legislativos. *