Martín Balza: los militares, la verdad y la justicia

«de modo ilegal, inmoral y atroz, olvidando que era «ese Estado» el que debía garantizar el marco jurídico, pues era quien debía ejercer el monopolio legal de la fuerza. La represión no respetó la dignidad del oponente, ni el más mínimo condicionamiento al Derecho Humanitario de Guerra, vigente desde agosto de 1949, fecha en que nuestro país adhirió a la Convención de Ginebra».

Balza, Clarín 5 de abril

Una nota aparecida en la edición de ayer del diario Clarín da cuenta de las opiniones del actual embajador argentino en Colombia, el ex jefe del Ejército Martín Balza.

El militar argentino es representativo de una corriente de opinión de fuerte gravitación en los ámbitos castrenses de nuestros vecinos.

El interés que para nosotros tiene su pensamiento y su línea de conducta nace de una doble circunstancia. Por un lado, en tanto autoridad superior en la fuerza de tierra, Martín Balza mostró su interés y su preocupación ante los requerimientos uruguayos acerca de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura argentina. Sus contactos con el senador Rafael Michelini significaron una señal de apertura y reconocimiento que por cierto no se daba, ni se da, en el ámbito castrense uruguayo, abroquelado en la antigua concepción del mesianismo militarista que justifica cualquier atropello a las instituciones en nombre de la salvación de la patria.

Al mismo tiempo, Martín Balza personifica un nuevo tipo de profesional de las armas.

Balza reconoce la gravedad de lo sucedido. «Está claro, sostiene, que en los años 70, lamentablemente, miles de hombres en nuestro país han sido asesinados por sus ideas, por sus convicciones políticas o simplemente porque incomodaban a algún comandante militar. Los hombres de armas no debemos perder de vista que aun en los más crudos enfrentamientos es imperativo e inexcusable el respeto del adversario y la misericordia».

Al mismo tiempo, como militar, Martín Balza está interesado en el futuro de la corporación a la que ha pertenecido. Es un hombre de orden, un constitucionalista, y está convencido de la necesidad de las Fuerzas Armadas como un atributo esencial del Estado moderno en esta etapa del desarrollo internacional. No es un antimilitarista, ni un pacifista a ultranza. Examina la realidad de la impunidad desde el punto de vista de los intereses a largo plazo de la institución militar que ha comandado. Quiere deslastrar a esa rama del Estado del peso infamante de la tradición represiva de los años 70, del terrorismo de Estado, del desarrollo de las política de coordinación ilegal con los demás ejércitos golpistas de la región a través del Plan Cóndor.

Las responsabilidades de los jefes no se deben trasladar a todos los militares: «Por ello no se deben atar a los pies de los oficiales y suboficiales de hoy los grillos del ayer tenebroso; de ese ayer en el que no tuvieron responsabilidad y, por ello, no debieran ser señalados. El pedido de perdón del Ejército, en 1995, fue sólo un pequeño paso hacia la reconciliación. Nadie gozó, ni goza, con nuestra triste historia de los 70 y mucho menos con su recuerdo».Y culmina su razonamiento, enteramente compartible, diciendo: «Lo pasado se supera con la verdad, con la justicia, no con la impunidad. Las leyes e indultos que, abiertamente, persiguieron materializar esa impunidad, como se vio claramente, no consiguieron que uno, sólo uno, de los responsables del terrorismo de Estado expresara el más mínimo arrepentimiento y, aún hoy, a casi tres décadas de los acontecimientos, ninguno ha comprendido ni valorado la gravedad del mal ocasionado.

Los militares uruguayos deberían examinar con atención estos puntos de vista provenientes de un profesional de las armas de destacada trayectoria. *