El país de la hipocresía

Escribe Carlos Santiago

Solamente en tiempos en que las instituciones estaban vulneradas en su esencia por los facciosos que usurparon el poder en el país por más de una década, no asistíamos a manejos tan devastadores para el concepto básico de la democracia como el ocurrido por estos días.

Sin ingresar en el fondo de la cuestión que fue el detonante de un escándalo pocas veces visto en Uruguay, debemos señalar que la actuación del ministro del Interior Guillermo Stirling ha sido por lo menos «desprolija», utilizando un adjetivo liviano para calificar su accionar –demostrativo de cómo el «poder» de algún sector o de algunos personajes puede torcer, por su peso, normativas cuya vigencia son el fundamento del sistema democrático.

¿Cómo es posible todo esto? A la destitución del inspector Rivero se sumó la disolución de la brigada de narcóticos que actuaba en Maldonado y, además, está la insólita nota con la cual el ministro le solicitó a la magistrada actuante el archivo de la investigación, violentando el mecanismo de subordinación existente en la relación entre los poderes Ejecutivo y el Judicial. Todas medidas traumáticas, que tuvieron un solo fin: clausurar una investigación sobre lavado de dinero.

El ministro mostró una sensibilidad muy especial en este caso, detonando una crisis inédita en el seno de la Policía, sin advertir que tanto sus acciones como las atribuibles al propio Presidente de la República, estaban haciendo aparecer, nuevamente, las lamentables caras del país de la hipocresía.

¿En qué ocasión este ministro tuvo la misma sensibilidad? Sabemos de sus afanes para evitar que el método de investigación de sus agentes desemboque invariablemente en la obtención de «confesiones» por las fuerza. Pero, pese a todo lo dicho y escrito, sabemos que esas prácticas siguen existiendo, especialmente cuando los «sospechosos» provienen de sectores que han caído en la marginación como consecuencia de las políticas neoliberales que se aplican desde hace décadas en el país.

Pero no recordamos que Stirling, además de tratar de tecnificar la investigación policial, se haya ocupado personalmente de algún caso, pidiéndole a un juez que ordene el archivo de una investigación en razón de delitos contra los derechos humanos, que son caracterizados a nivel universal como de «lesa humanidad», cometidos por sus subalternos.

Todo este juego, en el que el ministro –debemos reconocerlo– es también el fusible que puede saltar para que todo siga como está, salvando esa posible deflagración la responsabilidad de todo el Poder Ejecutivo, sirve para mostrar la endeblés de nuestra democracia. Reapareció la comprobación de la existencia de ciudadanos de distintas categorías. Unos con todos los derechos, plenos y defendidos a toda costa hasta por el propio Poder Ejecutivo, sin tomar en cuenta, incluso, las normativas vigentes. Los otros, sin poder, indefensos frente a un conjunto de elementos que los colocan en el triste papel de ciudadanos de segunda.

Es un país donde sigue imperando la exasperante hipocresía de basamentos legales y constitucionales, presuntamente igualitarios, que no se cumplen. Tampoco que tienen la misma significación y menos igual aplicación para unos y otros.

Podríamos recordar normas de todo tipo, incluso algunas de las que están incluidas en la Ley de Urgencia, destinadas a ahondar esa condición de ciudadanos de primera y de segunda, dividiendo mucho más a un país donde las diferencias se están haciendo cada vez más profundas. Un país en que quienes nos gobiernan siguen sin comprender que la ventura colectiva está en consolidar la democracia, para lo que es necesario mejorar la interrelación social. Y ello es imposible si no se apuntala a la enseñanza en todas sus ramas, a la salud, si no se busca una solución para los que no tienen empleo ni vivienda digna, políticas que necesariamente deben pasar por una más justa distribución del ingreso.

En este país el 40 por ciento de los niños menores de 11 años viven por debajo de la línea de la pobreza y la coalición de gobierno responde a esta dramática realidad no con políticas sociales y que determinen soluciones económicas, a fin de modificar esa dolorosa realidad, sino que impulsa nuevas medidas punitivas para castigar más duramente a todos aquellos que, como consecuencia de esa situación social, delincan.

Esta situación está en línea con lo ocurrido con la frustrada investigación sobre lavado de dinero que cuando, en forma justa o injusta, tocó a un integrante del poder, fue desactivada.

Es, claro está, el país de la hipocresía.

(*) Periodista