¿Dónde está la eficiencia?

La política en el Uruguay está plagada de acciones que se convierten en sorpresas inadmisibles, muchas de ellas contrarias (a contrapelo) de las necesarias medidas para fomentar una actividad. Por ejemplo el incremento en el precio de los peajes, con cadencia cuatrimestral, que siempre coinciden con el inicio de flujos turísticos. Hace algún tiempo se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo (más concretamente el Ministerio de Defensa Nacional) respondiera por qué autorizó el incremento de las tasas de embarque en el Aeropuerto de Punta del Este, manejado por una empresa que ya gozaba de una privilegiada situación.

Concretamente se estableció un aumento del 50 por ciento en la tasa del embarque, llevando la misma a 20 dólares por pasajero. En forma paralela   según lo trascendido   también por la misma resolución del Poder Ejecutivo – se autorizó una extensión de seis años en el plazo de la concesión, exonerando además a la empresa titular de dicho aeropuerto de la obligación de instalar equipos de apoyo para operar en condiciones climáticas adversas, canjeando esa obligación por una suma de 500 mil dólares que se pagará a la Dirección de Infraestructura Aeronáutica, en cuotas. Un escándalo, porque ha quedado claro que esas modificaciones contractuales son ilegales, además de consagrarse un privilegio inaceptable.

Ese inopinado decreto, fue consultado en su oportunidad con el Ministerio de Turismo, pues a ojos vista la fecha en que se autorizó el incremento, nada pequeño, aparece inapropiado. Se produjo justamente en el inicio de la temporada turística una suma similar a la que se paga en los más importantes aeropuertos del continente, que cuentan, a diferencia del de Punta del este, con adelantos técnicos, muchos de los cuales aquí no se instalarán, porque el Poder Ejecutivo así lo autorizó.

Posteriormente se conocieron las resoluciones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, aceptando modificaciones contractuales para distintos concesionarios de tramos de rutas nacionales, contraviniendo lo resuelto por el Tribunal de Cuentas que, en varios dictámenes, estableció que estos cambios en las obligaciones contractuales son ilegales. Y la cosa sigue como si no pasara nada

¿En qué país estamos? Estos son nuevos ejemplos de las privatizaciones con las que el gobierno quiere hacer progresar al país. Todos los beneficios son para los concesionarios, a los que se les permite hasta modificaciones que contravienen el ordenamiento legal.

Parecería que siempre es el Estado, de acuerdo al pensamiento de estos señores, el que debe salir a salvar a quienes colocan capital, que debería ser de riesgo, en emprendimientos que fueron licitados para ser explotados por los privados. Siempre se está borrando con el codo lo que se escribe con la mano, que además se convierte en teoría y en ideología que se difunde a diestra y siniestra. Pero, cuando las cosas van mal, las pérdidas se socializan y pagan no solo los usuarios, por un caro y deficiente servicio, sino todos los uruguayos.

El caso de la modificación del cobro de los peajes es paradigmático. No solo son peajes caros, medidos en dólares y comparados con los que se pagan en las carreteras de Argentina y Brasil, sino que las obras que se han realizado, en un análisis costo   beneficio, son de dudosa calidad. Ni las carreteras están bien, ni tampoco el aeropuerto de Punta del Este cuenta con el instrumental adecuado, por ejemplo, para la maniobra de acercamiento en el llamado «vuelo por instrumentos».

Los sufridos usuarios, mientras tanto, debemos pagar y pagar, en el marco de un mecanismo que, pese a ser oneroso, no ha mostrado nunca su eficacia. *