El Estado protector

El 1º de julio entrará en vigencia la llamada Ley de Defensa del Consumidor, que viene a llenar un vacío legal introduciendo reglas claras y precisas para las operaciones de compraventa entre las empresas proveedoras de bienes o servicios y los consumidores finales de esos bienes o servicios.

Como en casi todos los países desarrollados, el Estado uruguayo intenta brindar un marco legal que sirva de protección a la población contra los abusos y las trampas a que suelen recurrir los proveedores, tanto industriales como comerciantes.

Todos, alguna vez, hemos sido víctimas de la inescrupulosidad de fabricantes o distribuidores que no vacilan en inducirnos a comprar de la forma que sea. Desde la «letra chica» de un contrato hasta la omisión de la fecha de vencimiento de un alimento, pasando por balanzas adulteradas y por adulteraciones en la composición de un producto, son innumerables las triquiñuelas ideadas por los proveedores para obtener beneficios.

Está bien que se legisle para prevenir abusos como los señalados, pero también está claro que hay otras formas mucho más sutiles de inducir al consumo, formas que revisten el carácter liso y llano de persuasión clandestina. Los mensajes subliminales contenidos en los avisos publicitarios son una prueba incontrastable, como por ejemplo la asociación que se establece entre usar determinado cosmético y el éxito en la vida; o incluso la tergiversación de la realidad en que incurren muchas veces los cortos publicitarios.

No obstante, como queda dicho más arriba, la ley ya aprobada y que entrará en vigor dentro de unos días, debe ser saludada como un instrumento decisivo para lograr la cristalinidad en las relaciones comerciales y la protección del consumidor.

Esta vez, felizmente, no prosperaron las airadas voces del radicalismo neoliberal que se escandalizan por lo que consideran una intolerable injerencia del Estado en el libre funcionamiento del mercado, único gran regulador y garante espontáneo de la salud de la economía.

De la misma manera que se pretende que todas las actividades económicas –e incluso las sociales– se regulen por el mercado, con las nefastas consecuencias que destacaba el economista Daniel Olesker en su última columna, los ultras del neoliberalismo entienden que todo tipo de protección al consumidor conspira contra la marcha perfecta de la economía.

La famosa consigna de laissez faire, laissez passer se ha convertido en principio rector y verdad axiomática de una ideología que proclama la libertad irrestricta, porque sabe que con ello asegura la libertad de seguir enriqueciéndose para aquellos que ya se han enriquecido.

No es moralmente aceptable que se esgrima el argumento de que el mercado asegura igualdad de oportunidades a todos los miembros de una sociedad en un régimen capitalista. Todos sabemos que por más que las constituciones liberales así lo consagren, las injusticias y las iniquidades campean.

De manera que esta injerencia del Estado –que aparece a los ojos de los fundamentalistas del neoliberalismo como poniendo obstáculos a la libertad de mercado– es absolutamente necesaria para prevenir, combatir (y castigar en caso de transgresiones) que el afán de lucro –motor, según ellos, del crecimiento económico– habilite prácticas inmorales.

Entre los cometidos del Estado figura la protección, en el sentido más amplio del vocablo, de sus súbditos. Y la ley en cuestión apunta precisamente a ello. Aunque ya se sabe que protección está considerada una mala palabra en el diccionario neoliberal.