Desaparecidos en Chile: los militares se comprometen a investigar

Las decisiones adoptadas por la Mesa de Diálogo, formada por representantes de las Fuerzas Armadas y abogados defensores de los derechos humanos, constituyen un jalón en el largo proceso de la transición chilena.

El acuerdo logrado ha sido saludado por algunos como un hecho histórico de gran importancia, mientras que para los organismos de derechos humanos y para algunos abogados, la decisión pone en grave riesgo la posibilidad de que en ese país se avance en el camino de la verdad y de la justicia.

El acuerdo establece que «los militares se comprometen solemnemente» a entregar al presidente Ricardo Lagos toda la información que consigan sobre el paradero de las víctimas, sin tener que revelar las fuentes y en un plazo de seis meses ampliables a un año.

Como se ha señalado por distintos protagonistas del acuerdo, «es la primera vez desde el comienzo de la transición, en marzo de 1990, que los militares reconocen la existencia de personas que fueron detenidas y después desaparecieron».

Los militares que antes nos acusaban de mentirosos ahora reconocen formalmente que hubo detenidos-desaparecidos en Chile», comentó el abogado Roberto Garretón para Página/12.

El documento, en cierto sentido, entraña una suerte de síntesis entre planteos muy disímiles acerca del golpe de setiembre de 1973 y el papel de las Fuerzas Armadas.

Acerca del primero, se terminó por aceptar que «hubo responsabilidad colectiva en la creación del clima previo al golpe del 11 de setiembre, sobre el cual los chilenos tienen, legítimamente, distintas opiniones».

Como contrapartida, establece la condena » a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante el régimen militar», y, con discutible eclecticismo, «la violencia política de algunos opositores».

El acuerdo establece –y en esto ponen el acento los que más virtudes le asignan– que, cuando reciba las informaciones provenientes de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República las entregará a la Suprema Corte de Justicia, que designará jueces especiales para que investiguen. Si los datos corresponden a procesos en trámite, serán enviados a los tribunales pertinentes.

Para algunos abogados y militantes de los organismos de derechos humanos, el acuerdo podría generar la idea de que la transición ha terminado lo cual –sostienen– podría influir en la Corte Suprema que tiene en sus manos, para resolver en cuestión de días, el caso del desafuero de Augusto Pinochet.

Como se ha dicho «esto sería privilegiar la verdad por sobre la justicia».

Se dice asimismo que el hallazgo de los restos de los desaparecidos podría implicar el cierre de decenas de procesos, dado que, para la ley chilena, mientras el cuerpo no es hallado, el delito de secuestro persiste.

El acuerdo fue considerado por algunos militares retirados «como una traición», mientras que para el comandante en jefe de la Armada, «las FFAA han asumido una tremenda responsabilidad, reconstruir un proceso que no será tarea fácil», al tiempo que convocaba al país a una cruzada nacional por la verdad y la reconciliación.

Según da cuenta la prensa, el único integrante de la Mesa de Diálogo que no firmó el acuerdo fue el pinochetista Gonzalo Vial, que propuso la entrega de «incentivos pecuniarios» a los militares que revelaran el paradero de los desaparecidos.

El tema es polémico y no disponemos en LA REPUBLICA de todos los argumentos de un lado y de otro como para opinar sobre el controvertido fondo del asunto.

Para Silvia Muñoz, abogada de familiares, «el acuerdo tiene como único propósito evitar que Pinochet sea desaforado».

Por su parte, Estela de Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, advierte que «podría ser una estrategia para evitar que Pinochet sea juzgado y condenado», concluyendo que «la palabra acuerdo suena a haber negociado información por impunidad».

Las interrogantes quedan abiertas.

Lo que resulta indudable es que, después de la detención de Pinochet en Londres, las acusaciones de Baltazar Garzón y las denuncias que proliferaron en varios países de Europa, la lucha del pueblo chileno contra la impunidad cobró un empuje muy importante.