Lo que está en juego

La difusión pública de los fundamentos del ministro del Interior para la destitución del director nacional de Policía, el contenido de los oficios que enviara a la jueza Fany Canesa y las reacciones periodísticas y personales que este episodio provocara han generado una situación compleja y a menudo difícil de acompañar por parte de la opinión pública.

Hay, sin embargo, dos maneras de encarar esta problemática.

La primera es la continuidad de la labor de todas las instancias administrativas, judiciales y parlamentarias que teniendo competencia legal sobre el tema deben brindar a la ciudadanía la información que permita saber y entender ante qué clase de delitos o riesgos el país está enfrentado.

Si nos atenemos a las palabras del ministro del Interior, escribano Guillermo Stirling, de los oficios enviados por el inspector general Roberto Rivero se derivan una serie de riesgos para la estabilidad financiera del país, su prestigio y su credibilidad internacional.

Asimismo, las diligencias policiales ante el Poder Judicial, o al menos las iniciales promovidas por los jerarcas Rivero y Cozzolino, afectarían el buen nombre de un «prestigioso estudio jurídico» que actúa en la plaza montevideana.

(En una entrevista realizada ayer en el programa En Perspectiva, el ministro hizo once referencias directas al tal estudio, la mayor partes de las cuales con adjetivos elogiosos, «prestigioso», «serio»)

El ministro Stirling, que ha demostrado claridad y ponderación en todas sus actuaciones anteriores en un área de gobierno particularmente delicada, defiende lo que explica se trata de una actitud de «administrar los impactos de daños que estaba causando la irresponsabilidad de los jerarcas policiales».

A partir de esa tesitura, procuró evitar las repercusiones negativas de las «informaciones» generadas a nivel policial.

Es una tesitura discutible, pero de parte del ministro_Stirling tiene la virtud de estar enunciada con claridad. Es una línea de tratamiento del tema.

Se puede discutir a partir que ha sido expuesta y eso es una virtud nada menor en un estado y en unas áreas en las cuales predominó durante mucho tiempo la política del «hecho consumado».

La alta valoración que el ministro le asigna al «efecto desprestigio» que las pesquisas policiales desencadenarían sobre el país, parecería desconocer otras denuncias y otras actuaciones que no hace mucho tiempo colocaron a Uruguay, algunos sectores de su plaza financiera y a algunos estudios jurídicos en el banquillo de los acusados.

Sin ir más lejos, en el año 1994, la prensa brasileña difundió con todo lujo de detalles acusaciones  que LA REPUBLICA recogió– sobre lo que se llamaba el «lavadero Uruguay».

Allí había nombres de empresas, personas procesadas y presas en Brasil y sus vínculos con Uruguay.

A su vez, la investigaciones sobre las acciones delictivas del ex presidente Collor de Mello habían conducido a una Comisión Parlamentaria de Investigación del Congreso Nacional a un informe en el que se incluía un largo capítulo denominado «la conexión Uruguay».

En aquellos dos momentos ni el gobierno nacional, ni el estudio jurídico aludido, formularon ninguna aclaración ni realizaron ningún descargo.

De modo que a esos riesgos ya el país se ha enfrentado, bastante antes de las gestiones correctas o infelices del inspector Rivero y no precisamente por el accionar de los periodistas de Brecha, LA REPUBLICA o Posdata.

El tema está, obviamente, en discusión.

Y es de celebrar el hecho que la decisión de las bancadas progresistas de la Cámara de Diputados y del Senado así como la del ministro Stirling permitirá que en el Parlamento se aborde el tema como corresponde.

Como un problema serio, delicado. Que afecta al país.

Un tratamiento en el que sin duda no habrá lugar para la extravagante hipótesis de una gran conspiración contra alguien.