Los responsables del deterioro de la enseñanza

Por medio de uno de sus más calificados voceros, la derecha la emprende –¡cuándo no!– contra los sindicatos de docentes y funcionarios de la enseñanza pública.

En su editorial del lunes 8, el colega El Observador condena severamente los anuncios de movilizaciones diversas que encaran los gremios de la enseñanza.

Ya desde el mes de febrero, los medios han venido informando de la precaria situación que vive el sector. Tal como sucede todos los años, la situación de la educación pública ofrece prácticamente las mismas condiciones de deterioro que vienen caracterizándola desde hace ya muchos años.

Las autoridades de la Enseñanza media han alertado sobre las carencias que hacen peligrar el normal desarrollo de la tarea educativa. Concretamente, el Consejo de Secundaria señala una notoria escasez de funcionarios administrativos y de servicio. Las cifras son elocuentes: durante los tres últimos lustros (entre 1991 y 2003), el personal no docente dependiente de ese Consejo se redujo en un treinta por ciento mientras aumentó de manera significativa tanto el número de alumnos como la cantidad de liceos (desde 1996, la matrícula se incrementó en cuarenta y cinco por ciento y hay un quince por ciento más de edificios liceales).

Parece a todas luces un contrasentido que al tiempo que crecen el alumnado y los locales hayan disminuido los funcionarios encargados de hacer funcionar la infraestructura de la enseñanza media pública; no sólo no se acompasó el crecimiento de la matrícula sino que se redujo el personal. Algo verdaderamente absurdo.

En cuanto a los docentes, el panorama tampoco parece haber mejorado: grupos superpoblados, profesores sobrecargados de horas de clase por lo general distribuidas en liceos lejanos unos de otros, cargos docentes ejercidos por profesores no titulados, son algunos de los síntomas de una enseñanza pública abandonada a su suerte por gobiernos insensibles.

Con la novelería frívola que lo caracteriza, el doctor Jorge Batlle se comprometió, al asumir su cargo, a priorizar la educación con el argumento plausible de que ello significaba invertir en el futuro. Sin embargo, el presupuesto destinado a la formación de los jóvenes ha seguido siendo tan mezquino como antes, con las lógicas consecuencias por todos conocidas: sueldos deprimidos y carencias materiales de todo tipo.

Es contra este estado de cosas que los funcionarios se movilizan en legítimo reclamo de mejores condiciones de trabajo.

Pero como suele suceder, el establishment se eriza ante la posibilidad de medidas gremiales. Para las clases conservadoras, el anuncio de un paro implica revertir «el sentido del derecho de huelga como recurso de última instancia en una disputa laboral sin otra salida», pues en el caso se trataría de «una medida preventiva», como afirma el editorial de El Observador. De acuerdo con tan particular óptica, los gremios no deberían prever nada ni anunciar sus medidas de lucha para el caso de que no se contemplen sus aspiraciones; deberían aguardar que se cumplan sus previsiones y sólo entonces hacer pública su decisión de detener las tareas.

Se sostiene que «no tienen cabida las presiones sindicales que se basan en desatar conflictos sin base defendible al impulso de los vientos electorales», pues ello constituye una amenaza «a los 736 mil niños y adolescentes que hoy concurrirán a las aulas con la esperanza de estudiar sin contratiempos», concluye el editorial en cuestión.

Para la derecha, la movilización de los funcionarios y el anuncio de medidas de lucha es una presión inadmisible y una amenaza a los educandos.

Nosotros pensamos, más bien, que la verdadera amenaza a la formación de nuestros niños y jóvenes radica en la actitud miope y prescindente de los gobiernos mezquinos, responsables del deterioro del país, de su gente y de su educación. *