El "caso" Peri Valdez

La separación del cargo del fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, con el fin de iniciarle un sumario administrativo, es un tema grave que exige ser analizado desde varios perfiles, porque no es posible que quede la duda de que en el fondo del mismo hay una decisión de corte político, destinada a sacar del medio a un funcionario que todavía cuenta con varios años para ocupar esa posición para el ordenamiento jurídico del país. Es que los uruguayos estamos demasiado acostumbrados a que las decisiones –como el nombramiento de fiscales– deban acordarse en el marco de una reunión de dirigentes políticos y no, como debería ser, sopesando la trayectoria y las cualidades de cada uno de los candidatos. ¿Por qué nos introducimos en el tema desde este perfil? Porque el propio ministro Leonardo Guzmán, en algunas de sus declaraciones, aventuró una definición que de confirmarse sería muy grave. La de que Peri Valdez actuaba en el nombramiento de fiscales por su cuenta sin consultar al poder político, o sea, al ministro o al presidente de la República, doctor Jorge Batlle.

Lo que no aclaró Guzmán son las razones por las cuales el fiscal de Corte no debe influir –de acuerdo con el criterio del secretario de Estado– decisivamente en esos nombramientos, cuando es el jerarca máximo del Ministerio Público. ¿Guzmán está diciendo con ello que Peri Valdez actuó por su cuenta, o haciéndole el juego a otro sector político (el Foro Batllista), como algunos analistas indican? ¿O qué está afirmando?

La verdad es que hay poca información real sobre lo ocurrido y mucha hojarasca que encubre una verdad que, a duras penas, está comenzando a mostrarse.

El otro punto que salta a la vista es la imposición del poder político sobre un órgano judicial, como es el Ministerio Público, hecho que menoscaba obviamente a esa institución fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones del país. Al respecto se hace necesaria, obviamente, una aclaración precisa sobre lo acontecido y las razones que llevaron a iniciar un sumario al fiscal de Corte.

Desde este diario adelantamos lo ocurrido hace algunos meses, cuando se intentó también sacar a Peri Valdez del medio, ofreciéndosele encabezar la embajada en Grecia, destino que muchos envidiarían. Pero si ese ofrecimiento era nada más que una forma de que la Fiscalía de Corte quedara vacante, estaríamos ante otra situación totalmente indebida, en la cual el Poder Ejecutivo trató, con métodos incalificables, de que se cumplieran objetivos políticos que se deberían explicitar perfectamente. ¿Cómo es posible que se tratara de «engatusar» a un funcionario de altísimo nivel con un destino diplomático?

Es evidente que a Peri Valdez alguien lo quería sacar del medio desde hace mucho tiempo, por razones todavía poco claras. El tema de su independencia para la designación de fiscales, de ser esa la razón, debería ser analizado desde el punto de vista funcional y legal. ¿El fiscal no tiene la potestad de hacerlo? Y si no es él, ¿quién es el que debe tomar decisiones al respecto? ¿El gobierno, el poder político?

Otro punto sería que alguien advirtiera en esos nombramientos un manejo político partidario, atribuible al propio fiscal de Corte. Sin embargo ello no se ha manejado para justificar su suspensión.

Estamos a la espera de la información del encuentro de la Asociación del Ministerio Público, los fiscales que se reunieron para analizar lo ocurrido y, por supuesto, del informe que el ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, haga conocer hoy ente la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, sobre las razones de esa decisión inédita que implica la suspensión del fiscal de Corte por seis meses con el fin de iniciarle un sumario administrativo.

Obviamente una resolución que provocó la «sorpresa» de varios fiscales y demás observadores, asombrados ante la magnitud de un conflicto que roza a las instituciones y, en especial, a la Justicia. *