De los dobles discursos y el gatopardo

He tenido oportunidad de opinar sobre el promocionado evento originado en la primera Sesión del Consejo de Ministros hace algunas semanas. En el mismo se realizaron anuncios que pretendieron ser de importancia, referente a la contención del gasto; incentivo del empleo y la priorización de la inversión pública, etc.

Todos sabemos que los temas mencionados, inversión y empleo, son capitales para los uruguayos que están pasando importantes necesidades. Dije que todo lo que signifique reactivar el mercado interno y crear fuentes de trabajo sería apoyado por mi fuerza política, agregaba que lamentaba que no se abordó, como tema esencial y prioritario, la problemática social de los uruguayos sumergidos.

Pero, recientemente, nos enteramos de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, que obliga a los organismos del Estado a continuar gastando menos de lo que indican las normas presupuestales, reduciendo las asignaciones en un promedio del 25%.

Si tenemos en cuenta que el Presupuesto 2000-2004, votado por la mayoría de los legisladores de los partidos tradicionales contaba con importantes carencias en su distribución, surge nítidamente que esas insuficiencias se acrecentarán aun más. La inversión del Estado en 1998 fue el 11,2% del Presupuesto y en 2002 alcanzó apenas al 6% y es muy posible que durante el ejercicio 2003 haya disminuido en forma considerable.

Veamos quiénes son los responsables de que el equipo económico actúe de tal forma, sin control y sobre todo sin la intervención directa del Parlamento.

Cuando se elaboró el Presupuesto que regiría para el quinquenio de gobierno del doctor Jorge Batlle, se incluyeron artículos que facultaban, autorizaban, al Poder Ejecutivo a reducir por su cuenta los créditos de inversión de todos los incisos presupuestales. «En un 5% para el año 2001 y en un 9% para el año 2002…».

No conforme con ello, legisladores de ambos partidos dispusieron por el artículo 644: «El resultado para cada ejercicio en el presente Presupuesto Nacional establece el máximo de déficit fiscal autorizado.

Cométase al Poder Ejecutivo tomar las medidas adecuadas para dar cumplimiento a esta disposición, y a tales efectos se le faculta a establecer límites de ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones, de los diferentes incisos, programas y proyectos.

Los organismos que tramitan su presupuesto con arreglo al artículo 20 de la Constitución de la República no están comprendidos en lo dispuesto en cuanto a las partidas dispuestas directamente en este Presupuesto Nacional.»

A las precedentes limitaciones hay que agregarle que el Ministerio de Economía y Finanzas en muchas oportunidades no hizo llegar a los distintos ministerios e inclusive a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República las partidas presupuestales comprometidas. Entonces, la responsabilidad de que a dicho ministro le baste con un comunicado público para disminuir el gasto, está relacionado directamente con los acuerdos que blancos y colorados realizaron en el año 2000, al discutir y aprobar la Ley Nº 17.296. Más allá de disposiciones constitucionales o leyes, lo cierto es que el equipo económico actúa con esa discrecionalidad porque el partido de gobierno y su aliado incondicional, la mayoría del Partido Nacional, le otorgaron tales facultades que catalogo de excesivas.

Situación similar aconteció cuando, con referencia al adicional del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), se fijó su cese al 31.12.03 y más tarde por Rendición de Cuentas se derogó esa disposición y simultáneamente se le otorgaron facultades totales al Poder Ejecutivo, en cuanto a la fecha de su eliminación y vigencia.

Por ello, la ciudadanía está cansada de los dobles discursos o del gatopardismo de sectores importantes del Partido Nacional, que hacen gárgaras con determinadas disposiciones y nada dicen de que ellos mismos propiciaron y votaron tales normas.

No puedo, por intermedio de este artículo, dejar de rechazar las temerarias declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas cuando en un reportaje reciente realizado en el semanario «Búsqueda» (22.01.04, pág. 19) dice sobre el eventual gobierno de izquierda del Frente Amplio, a partir de 2005: «… la línea económica propuesta va en contra de la naturaleza del ser humano y eso no va conmigo».

Tremendo gazapo e improperio es difícil de imaginar en un hombre público, que es ministro y que tiene la obligación de mantener el equilibrio, por el cargo que ocupa.

Como he dicho, es muy fuerte que se nos catalogue de «inhumanos». Basta leer el excelente discurso del compañero doctor Tabaré Vázquez, del 5 de febrero de 2004, para ratificar que si algo no le falta a mi fuerza política es humanismo. Además, todos son conscientes de que bregamos permanentemente por la justicia social, la equidad y la solidaridad.

Quiero tomar las expresiones del economista Isaac Alfie como un error propio de un principiante, aunque tenga una larga experiencia como colaborador incondicional en la aplicación de las políticas económicas que tanto rechazamos.

Volviendo al tema de la nota, lo cierto es que ya el equipo económico cuenta con las mencionadas facultades, reitero, excesivas para mí, que le permiten cambiar las disposiciones del Presupuesto Nacional. Por lo tanto no es que se violente la Constitución de la República o la ley, en último caso lo que sería inconstitucional son los artículos 619 y 644 votados por el Partido Colorado y el Partido Nacional.

Las autorizaciones especiales que se le concedieron al Poder Ejecutivo deberían ser utilizadas por lo positivo, por ejemplo para hacer una profunda redistribución de los recursos presupuestales, favoreciendo a aquellas áreas que tienen mayores penurias económicas, como las de la alimentación, la niñez, la juventud, la tercera edad, el desempleo, la salud, la educación y la vivienda.

No tengo duda de que de aplicarse ese criterio sería bien recibido por los uruguayos y por otra parte contaría con nuestro apoyo, aunque fuera necesario legislar sobre la nueva redistribución de los recursos. *