Intolerancia

La expulsión del registro de socios del Círculo Militar del ex comandante en jefe del Ejército, teniente general (retirado) Daniel García, es un hecho que no debe pasar inadvertido.

Cuando se pontifica tanto y con tanto énfasis acerca de la supuesta intolerancia de los trabajadores o de las organizaciones progresistas, los voceros de la derecha no han dicho esta boca es mía para insinuar siquiera una crítica a la decisión de la Comisión Directiva de dicha entidad social.

El episodio es aleccionador y muestra hasta qué punto algunas mentalidades siguen aferradas a la realidad del país y del mundo de hace veinte o treinta años, cuando se mataba estudiantes en las calles y cuando el gobierno era capaz de encarcelar a un Premio Nacional de Literatura porque había integrado el jurado en un concurso de cuentos y el relato premiado no era del agrado de los que mandaban. Que así, preso, y no de otra manera vivió Juan Carlos Onetti sus últimos meses en el Uruguay.

La expulsión del teniente general Daniel García tiene dos aristas igualmente significativas. Por un lado está el problema de fondo: García ha sostenido una actitud que admite la existencia de errores en la conducta de las Fuerzas Armadas durante el período previo y durante la dictadura.

Y a partir de ese reconocimiento, el ex jerarca militar entiende que «pedir perdón» constituiría una contribución a la creación de un clima más propicio para la reconciliación nacional.

Es indudable que el militar retirado vive normalmente en sociedad, sabe lo que ocurre, lee libros y periódicos. Y piensa. Y a partir de ahí, como ciudadano, expresa su parecer.

Y siente que «nuestras equivocaciones (de los militares) dañan a nuestros conciudadanos y tenemos que pedir que nos disculpen por los errores que hemos cometido».

El otro aspecto de la cuestión hace al estilo y los métodos por los cuales la institución social a la que pertenece lo expulsa de su seno.

El pequeño núcleo que integra la Comisión Directiva, amparándose en la habilitación reglamentaria que permite expulsar a un socio con menos de quince años de antigüedad sin consultar con la opinión de los demás asociados, toma la decisión de manera autoritaria y –además– completamente unilateral.

Como lo ha expresado el ex comandante en jefe, que tiene trece y no quince años de antigüedad, la Comisión Directiva adoptó ese criterio sin entrevista o diálogo alguno que permitiera establecer con claridad la naturaleza de una medida tan extrema como la expulsión.

Razón le asiste al militar así sancionado cuando señala que esa actitud «no es compatible con el sentimiento democrático de la sociedad.»

Y agrega: «En definitiva, una decisión de este tipo significa considerarse prácticamente los defensores de la fe y tener el derecho de excomulgar a cualquiera. Eso significa que los militares no somos hombres libres, ni aún en el retiro. Es decir, que somos rehenes de nuestra profesión hasta nuestra muerte.»

En el día de ayer trascendió que, a raíz de sus declaraciones, también el Centro Militar se apresta a expulsar de sus registros al teniente general Daniel García.

Resta saber hasta qué punto las decisiones adoptadas de manera tan antidemocrática y con un espíritu de exclusión y persecución tan inaceptables, cuentan con el apoyo de la masa de asociados de las entidades.

El episodio llama a la reflexión.

Durante demasiado tiempo una rama del aparato estatal produce y reproduce militares con una idéntica mentalidad.

Para un sector muy amplio de esa corporación las ideas rectoras siguen siendo las que alentaron el golpe del 27 de junio de 1973, que siguen reivindicando, y el proceso cívico militar que arrasó con las libertades y las tradiciones democráticas del país.

La subsistencia de esa mentalidad es un hecho negativo para el país.

Lo grave es el fatalismo que, desde las filas de los sectores políticos tradicionales, se termina teniendo hacia esa mentalidad: un hecho que paraliza cualquier debate o sinceramiento democrático.