Una respuesta inadecuada

Es explicable la sensación de inseguridad que vive la población. También es comprensible que los gobernantes intenten dar respuestas a ese clamor social, pues la falta de seguridad es un problema que nos atañe a todos los miembros del cuerpo social, y es obligación del gobierno atender los reclamos y resolver los problemas de la gente.

Lo que en modo alguno se justifica es la respuesta legislativa pergeñada por la coalición en la Ley de Urgencia.

No se trata de calmar como sea la inquietud ciudadana e introducir cambios en la legislación penal dentro de ese heterogéneo paquete de medidas que es la ley de urgencia.

Es explicable que el ciudadano común se atemorice y se indigne ante el incremento de la actividad delictiva, y que, al advertir el desamparo en que se halla y la impotencia para detenerlo, exija de las autoridades un aumento del rigor punitivo que obedece casi siempre a una mentalidad peligrosamente conservadora muy amiga de soluciones primitivas como la ley del talión o la justicia por mano propia, en las que están presentes más que la sed de justicia, un ánimo vindicativo y expiatorio. Así, ante una situación de inseguridad como la que se vive desde hace años, el primer impulso de la sociedad es exigir castigos ejemplarizantes; no es infrecuente oír opiniones favorables a la pena de muerte para ciertos delitos, así como quejas por la excesiva blandura de la legislación y de los jueces.

No parece sensato, en cambio, que los gobernantes –no porque sean seres superiores sino porque tienen la obligación de gobernar, es decir, de conducir a la sociedad– accedan alegremente (en una actitud muy parecida a la demagogia) a un reclamo explicable pero incivilizado. Es una actitud irreflexiva y frívola (es la más fácil por cuanto apunta a llenar el ojo de la gente sin ocuparse de investigar y atacar las causas del mal) que no resuelve absolutamente nada. Lo único que hace es contener la inquietud social, contentar a la gente que se dice: «Â¡Caramba, qué buen gobierno, cómo se ocupa de nuestra seguridad!»

En la casi unánime opinión de los juristas, está demostrado que el incremento del rigor punitivo como respuesta al auge de la delincuencia es una medida definitivamente inoperante.

El efecto disuasivo que puede tener una legislación draconiana sólo actúa para los individuos de un cierto nivel sociocultural; pero no para un individuo que no ha tenido acceso a una educación más o menos regular y que se ha criado en un medio que carece de valores. Ese ciudadano jamás se detendrá a pensar en las consecuencias del acto delictivo que se propone realizar, y por tanto, no será la perspectiva de pasar quince años en lugar de cinco que lo desestimulará para cometer la infracción.

Independientemente de todas estas consideraciones fundamentales, existe otro problema  de orden práctico  no menor: al aumentar el tiempo de reclusión se generará automáticamente un incremento de la población carcelaria que tornará peores aun las condiciones necesarias para la rehabilitación de los infractores.

Para resolver el problema de la falta de seguridad, la coalición de gobierno ha encontrado una solución que no es tal y que puede generar problemas aun mayores.

Es de esperar que prime el buen sentido y la sensatez de los diputados que tienen a estudio la ley de urgencia, y que presten atención a la opinión de abogados y jueces –incluidos los ministros de la Suprema Corte– que han manifestado con claridad su oposición a las medidas incluidas en la urgente ley.