Las inercias peligrosas y el liberalismo rabón

En su edición de ayer, LA REPUBLICA brindó una reseña exhaustiva de las razones que llevaron al diputado frentista Guillermo Chifflet a formular un pedido de informes acerca del presunto documento elaborado por los servicios de inteligencia sobre la marcha popular del 20 de mayo.

Se trata de una preocupación que atañe a un problema esencial de nuestra institucionalidad política.

Ni más ni menos que el ejercicio de las libertades y derechos civiles y la necesidad de impedir que los servicios de inteligencia policiales o militares interfieran en los mismos.

Tal como denunció el diputado de izquierda, el informe revela que hubo seguimiento a distintos legisladores de la coalición progresista.

En el texto del supuesto «informe» se deslizan, además, algunas apreciaciones de carácter político que se denuncian como improcedentes.

Para Chifflet se trata de «inercias provenientes de costumbres impuestas por la dictadura» y cree que es obligación de todos controlar los desbordes, si existen, del Poder Ejecutivo.

El legislador fue más lejos en sus apreciaciones. Sostuvo que «existe un sector de los servicios de inteligencia que tiene el cometido de crearle problemas al propósito de investigación que está llevando adelante el presidente Jorge Batlle. Para Chifflet: el episodio demuestra que hay alguien que intriga, que hace valoraciones de un politólogo frustrado.

Demostrando que se puede batallar por la vigencia de los derechos democráticos y no perder por eso el sentido del humor, Chifflet cree que «para este tipo de pseudopolitología, así como existe una organización de alcohólicos anónimos, debería existir una organización de politólogos anónimos para intentar curar a toda esa gente.»

Formulado el pedido de informes vale la pena examinar las primeras reacciones en el Poder Ejecutivo.

Apenas conocida la preocupación del parlamentario frentista, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, declaró su preocupación por el asunto y afirmó que tal documento no pertenecía a ninguna dependencia de su Ministerio.

No se mostró igualmente motivado el ministro de Defensa Nacional, señor Luis Brezzo, quien después de decir que sobre los servicios de inteligencia «existían muchos mitos» prometió que para «dentro de una o dos semanas estará en condiciones de contestar el pedido de informes parlamentario».

A diferencia de Stirling, la actitud de Brezzo empata mal con los propósitos políticos del Presidente.

La suya se trata en realidad de una concepción particular del liberalismo, es la doctrina del «liberalismo rabón» o recortado.

El episodio de los servicios de inteligencia no es el único que permite aquilatar los puntos que calza este «liberal recortista».

Por ejemplo, el ministro de Defensa no parece nada afín a las ideas del Presidente para habilitar el funcionamiento sin obstáculos de las radios comunitarias.

Brezzo tampoco es partidario de resolver la situación de los militares que fueron discriminados durante la dictadura a través del mecanismo de exclusión de filas contenido en el famoso «inciso G» de un artículo de la Ley Orgánica Militar que permitía el pase a retiro forzoso de todos los militares que no concordaban con el pensamiento despótico de la dictadura.

Otra decisión equivocada del titular de Defensa lo llevó a prohibir la participación de militares en un seminario organizado por el Instituto Manuel Oribe, del Partido Nacional.

La prohibición es absurda y es del más neto corte del «liberalismo rabón».

Pero, además, las actividades políticas que importa prohibir por parte de los militares no son su asistencia a debates de factura más bien académica, como el programado por el IMO, sino las de tipo encubierto como las denunciadas, el diputado Chifflet y que Brezzo precisa tanto días para saber si se han realizado por parte de los funcionarios que están bajo su autoridad o no.