Las cifras del deterioro

Más de un millón de uruguayos (casi un tercio de la población) viven en situación de pobreza.

La mitad de los integrantes de hogares pobres son menores de 18 años.

Durante los últimos cuatro años, la pobreza aumentó en 45 por ciento; sólo durante el fatídico 2002, ese aumento fue de 30 por ciento.

Los hogares pobres están conformados por un promedio de 4,8 personas (casi cinco), contra 3,1 personas (apenas más de tres), que en promedio integran los hogares no pobres.

La mitad de los niños que nacen en Uruguay pertenecen a hogares pobres. El 46,2 por ciento de los menores de seis años viven en situación de pobreza; el 41,9 por ciento de los de entre seis y doce años viven por debajo de esa línea; y el porcentaje baja al 34,6 en la franja que va de los 13 a los 17 años; los guarismos disminuyen a medida que aumenta la edad de los grupos encuestados.

Se las mire por donde se las mire, las cifras son de una elocuencia aterradora y no admiten otra lectura que no sea la del deterioro incontenible y paulatinamente creciente de una sociedad que supo otrora ser considerada la Suiza de América.

¿A cuánto treparán las cifras dentro de veinte años, cuando esos niños pobres, que constituyen el 46 por ciento de los menores de seis años, se conviertan en adultos?

¿Qué medidas piensan tomar el gobierno y los partidos tradicionales para desactivar esa bomba de tiempo?

¿Creen que la apertura del mercado mexicano o el estadounidense para nuestras carnes será suficiente para crecer y para que ese crecimiento se refleje en una mejor distribución de la riqueza y en el bienestar de las mayorías?

Sabemos –por experiencias propias y ajenas– que el modelo de crecimiento económico al que siguen aferrados los dirigentes políticos conservadores no garantiza el crecimiento y que, en caso de crecer la economía, la riqueza se concentra cada vez en menos manos al tiempo que aumenta la exclusión.

A esta situación de descalabro vergonzoso nos han conducido los partidos que se alternaron en el poder desde que la crisis empezó a vislumbrarse, allá a fines de los años cincuenta. La dictadura cívico-militar tuvo, obviamente, su cuota de responsabilidad, pero sería un error atribuirle la responsabilidad exclusiva por la situación que hoy vivimos. Del mismo modo que tampoco podemos achacar la crisis a coyunturas externas desfavorables o a la aparición de la aftosa; sin duda que estos hechos han tenido su influencia en el deterioro de la economía y sus consecuencias sociales, pero tales circunstancias no pueden explicar –como pretenden hacerlo para justificar su fracaso los políticos oficialistas– el porqué de las cifras escalofriantes que hemos expuesto al comienzo de esta nota.

Las políticas sociales instrumentadas por el gobierno son un mero paliativo, un parche que no resuelve de manera eficaz el hambre de las masas pauperizadas.

Un gobierno sensible deberá ineludiblemente operar un viraje importante en el rumbo económico seguido hasta ahora. De tal modo que, además del asistencialismo, el país se encamine hacia un crecimiento que no genere concentración y exclusión.

Ese es el gran desafío. *