Las dos caras de un hecho doloroso

Una vez más, la crónica policial da cuenta de un hecho doloroso y sublevante, en el que un obrero del volante pierde la vida; en este caso, un omnibusero.

En la noche del viernes pasado, el conductor de un autobús del transporte urbano de pasajeros fue víctima de un atraco.

Próximo al fin de su recorrido en un barrio marginal del cinturón de miseria de la capital, dos individuos ascendieron al ómnibus con el propósito de hacerse de la recaudación del día, para lo cual amenazaron al conductor con armas de fuego. Como aparentemente éste se resistió, los rapiñeros no dudaron en dispararle a quemarropa; resultado: el vehículo se estrelló contra una columna del alumbrado, el chofer murió y uno de los asaltantes, herido, fue aprehendido por la Policía; su compañero logró huir.

La respuesta del gremio del transporte no se hizo esperar, y los trabajadores exigen, legítimamente, de las autoridades medidas que les den mayor seguridad en su tarea, ya de por sí estresante.

El delito de rapiña –hurto mediante violencia contra las personas– es uno de los más deleznables y es, por tanto, severamente castigado con una pena mínima de dos años de penitenciaría. Por lo general, el uso de las armas en un atraco se limita a su función intimidatoria: ante la amenaza de recibir un disparo, la víctima suele acceder al propósito del asaltante; pero cuando aquella intenta algún tipo de resistencia, se cumple la amenaza, aunque no necesariamente cumple el delincuente su propósito.

Estos actos delictivos generan una explicable repulsa en la comunidad, que condena severamente al infractor y espera la condena oficial del Estado a través de su sistema judicial. Pero la indignación social opera exacerbando los ánimos y promueve que la gente reclame mayor dureza en los castigos, y emerge, entonces, un sentimiento –primitivo pero comprensible– de venganza: el dolor y la indignación por una muerte absurda abren la puerta para que se reinstale la discusión sobre la pertinencia de la pena de muerte. Es común oír al «hombre de la calle» emitir enunciados como «yo no soy partidario de la pena de muerte, pero hay algunos casos en que uno se pregunta si no habría que aplicarla».

La opinión pública no advierte que el aumento del rigor punitivo en modo alguno garantiza una disminución de la actividad delictiva. Las penas draconianas no operan como desestímulo para quienes, acuciados por la miseria, buscan realizar las metas sociales por medios ilícitos. Quien se halla en una situación límite no repara en las consecuencias que puede acarrearle su conducta infractora. Quien está dispuesto a matar para robar también está dispuesto a morir si su atraco es resistido, de manera que la perspectiva de terminar ejecutado en la plaza pública no lo detendrá en su propósito.

Pero la gente, que recibe la información a través del oligopolio mediático, percibe sólo una parte, una faceta del drama. Las crónicas de los noticieros de radio y televisión –y las notas de opinión de los medios escritos– se ocupan de la tragedia de la víctima con una indignación que todos compartimos; pero soslayan otro aspecto: no tienen en cuenta la otra cara de la moneda, que muestra una realidad también sublevante. Una realidad social de marginación, de abandono, de miseria material y moral en la que rigen otras normas y otros valores, y en la que viven –sobreviven– cada vez más compatriotas.

Los victimarios son también víctimas; víctimas de un sistema económico y social profundamente injusto. *