Ciudadanía y ecología

El Día Mundial del Medio Ambiente que se acaba de celebrar nos recuerda la importancia de la participación ciudadana. Presenciamos el recrudecimiento de las polémicas públicas en temas como los impactos de las plantas de incineración de residuos hospitalarios o la protección de las áreas naturales. En esos y otros casos, importantes sectores ciudadanos reclaman acciones más enérgicas en la protección del entorno y su calidad de vida, y mecanismos más fluidos y abiertos en acceder a la información y participar en discusiones y toma de decisiones.

Si bien las actuales autoridades del Mvotma se instalaron pocas semanas atrás, y por lo tanto todavía es temprano para una evaluación, sería bueno repasar la historia pasada. Aunque esa cartera dio un enorme paso positivo con la comisión asesora en temas ambientales, otros mecanismos de vinculación con la sociedad civil todavía son débiles. Las audiencias públicas han padecido de defectos que limitan o entorpecen la participación de los ciudadanos y el acceso a la información.

Han prevalecido largas explicaciones de empresas que exponen sus proyectos mientras los vecinos apenas pueden elevar preguntas por escrito. Los acuerdos con organizaciones ambientalistas podrían aprovechar todavía más su elevada capacidad técnica y alta eficiencia.

Estas dificultades en fortalecer los vínculos ciudadanos tienen orígenes variados. En unos casos surgen temores político partidarios, aunque en otro no son raras posturas de optimismo técnico, bajo el supuesto que los profesionales saben todo de todos los temas y sus resoluciones son infalibles. Si bien es comprensible que parte de estas dificultades se deban a un sesgo profesional, no debe olvidarse que la participación no se logra en encuentros salteados sino que es un proceso.

Pero es más sorprendente que la clase política vea como un estorbo el alboroto ciudadano. Es bueno recordar que pocos años atrás en Argentina se advertía que una las consecuencias de la privatización fue la creación de enormes empresas ante las cuales el Estado carecía de fuerza suficiente como para regularlas y fiscalizarlas. Varios politólogos argentinos indicaban que el gobierno debía buscar los contrapesos en los sectores organizados de la sociedad civil, y en lugar de maniatarlos, debía apoyarlos. Esas ideas son bien conocidas en ecología política desde hace décadas. Surgieron de su aplicación práctica por el canciller alemán Willy Brandt en la década de 1960. El estadista, uno de los fundadores de la socialdemocracia moderna, preocupado por el peso de los conglomerados económicos e industriales, fue un activo promotor de organizaciones y canales de expresión ciudadana que sirvieran de contrapeso a esos intereses mercantiles.

Esas experiencias no han sido valoradas por muchos de nuestros políticos a pesar que son evidentes tensiones en ese campo. Estamos frente a nuevos problemas, tales como la disposición final de residuos peligrosos en manos de compañías privadas, los repetidos cuestionamientos que explícita, o implícitamente, se generan desde el MGAP sobre la protección de las áreas naturales invocando intereses privados, o la capacidad del Estado en regular grandes emprendimientos comerciales, como sucede con el gasoducto desde Argentina. En estos casos las organizaciones ciudadanas ofrecen los contrapesos que invocan al interés general.

No debe perderse de vista que, así como el Ministerio de Industria tiene en los industriales a sus interlocutores privilegiados, o el MGAP a las gremiales rurales, el Mvotma debería tener una íntima relación con las organizaciones ambientalistas y los grupos ciudadanos preocupados por el entorno. Esa cartera es la custodia del patrimonio ecológico del país, y sobre esa tarea también se centra la atenta mirada ciudadana. Por lo tanto, es necesario que unos y otros logren una fluida relación y sostenidos contactos. Todavía más: esa y otras carteras deberían ser genuinas expresiones de la sociedad civil, y si con ella se trabaja, los resultados tendrán un largo aliento.

 

(*) Investigador del Claes