Impunidad y modernidad

Los soldados que se robaron el cáliz de una iglesia en el Congo no están comprendidos en la Ley de Caducidad. Parece obvio, ¿no? Sin embargo, el ubicuo ministro Fau se vio en la necesidad de afirmar, exultante él, como si fuese una gran noticia, «que el caso Berríos no está comprendido en la Ley de Caducidad». Vaya declaración. Tiene que aclarar. ¿Por qué? Porque dicha ley ha sido tan elástica, tan funcional a los apetitos (¿qué digo «apetitos»?: al hambre voraz de impunidad de los hombres políticos- que suena pertinente. ¡¡Se trata de un doble crimen (secuestro y posterior asesinato) cometido en el 92 y 95!! No está comprendido en la ley. pero estamos a diez años de denunciados los hechos y la impunidad sólo la quiebra -una vez más- un juez de otro país. ¿Qué se hizo en estos diez años? Nada. Tres gobiernos, y nada.

¿Qué dirá ahora el inefable e incontinente Dr. Carlos Ramela? ¿Buscará los antecedentes del juez Dr. Alejandro Madrid acerca de sus actividades «subversivas» en los 70? ¿Dirá que es una intromisión en los asuntos internos de nuestro país?

A propósito de asuntos internos. No está comprendido en la ley chicle. Ahora bien: ¿es verdad que el PE no tiene nada que ver? El ministro Fau firmó una resolución junto al Presidente. El teniente coronel Eduardo Radaelli tiene como destino ser secretario general del Instituto Militar de Estudios Superiores. El 27/12/02 se difundió en la página web de Presidencia. El acusado, hoy procesado y con pedido de extradición, está al frente de la formación de las nuevas camadas de oficiales.

Otra: el ahora procesado coronel Thomas Casella fue ascendido con un pedido de venia solicitado por el Dr. Julio María Sanguinetti en febrero del 94. Levantó incluso opiniones adversas del hoy fallecido Américo Ricaldoni. Porque estaba implicado en el caso Berríos, porque había sido el edecán de Pinochet en su visita a Uruguay y porque se comentó que estaba implicado en otros ilícitos. Sin embargo, fue ascendido. No estaba comprendido en la Ley de Caducidad.

Detengámonos en cómo se atan los cabos. Recordemos que cuando se conocieron los hechos en julio del 93 (en rigor seis meses después que Berríos se presentara ante la comisaría de Parque del Plata y el propio jefe de Policía coronel Ramón Rivas lo devolviese al grupo de tareas que lo tenía secuestrado) el hecho motivó el llamado al Parlamento del entonces ministro de Defensa Dr. Mariano Brito. La Operación Cóndor seguía vigente y había que explicar lo inexplicable. ¿Cómo se lauda el tema?

«Las extensas explicaciones del ministro [de Defensa Mariano] Brito en tres tumultuosas sesiones de las comisiones de Constitución y de Defensa integradas, no llegaban a conformar respecto de lo que había ocurrido con Berríos. El canciller Sergio Abreu protagonizó un espectacular golpe de efecto: dio a conocer una carta firmada por Berríos y una foto donde aparecía el ex agente sentado en un sillón leyendo el diario italiano Il Messaggero, del 10 de junio de 1993. Los dos documentos habían sido entregados en el consulado uruguayo en Milán y enviados a Montevideo por el embajador en Roma, Julio C. Lupinacci«. [Operación Cóndor. De la presentación ante el Juez Garzón. PIT-CNT].

Berríos -según está operación que tuvo como protagonista a otro «impune», cual es el embajador Lupinacci- no estaba secuestrado, estaba vivito y coleando, plácidamente leyendo Il Messaggero en Italia. El cadáver de Berríos aparecería en El Pinar en el 95. La marea de la impunidad siempre trae cadáveres a las costas de una democracia que nunca llega a ser tal por el régimen de impunidad, por la corrupción de un sistema político que está trenzado con el terrorismo. ¿Cuáles serán los vínculos más secretos que todavía hoy desconocemos?

En 17 y 18 de diciembre se celebró acá en Montevideo un Seminario de la «Iniciativa sobre Capital Social, Etica y Desarrollo» del BID, patrocinado por el gobierno de Noruega. Este programa es coordinado por un señor muy simpático, Bernardo Kliksberg, que está empeñado en impulsar «Una economía con rostro humano» (así se denomina su último libro). Es el propio BID que impulsó políticas de ajuste de privatizaciones en América Latina quien está revisando el modelo neoliberal.

Lo más moderno es esto (o los conceptos de Joseph Stiglitz) y no las puerilidades dogmáticas de Ignacio de Posadas o de Jorge Batlle, que repiten como papagayos lo que ya está perimido.

Mas allá de la desconfianza intelectual que genera el BID, hay conceptos que vale la pena incorporarlos y trabajarlos. El capital social no es ni más ni menos que los valores de la sociedad civil, de nuestra gente que pueden ser movilizados y generar riquezas.

Para ello, «invertir» en educación y salud no es un tema numérico o de gasto. Es ético. Es colocar al frente de la economía valores que generen otras dinámicas. Pero ello implica la lucha contra todo tipo de corrupción e impunidad. «Para erradicar los procesos de corrupción deben existir leyes más severas, no debe haber impunidad, tienen que existir controles de la sociedad civil, pero por sobre todo un cultivo sistemático a través de la educación, de una cultura que deslegitimice la corrupción» (reportaje a BK en «Brecha»).

Nos exponen una vez más al oprobio internacional. En Chile los procesan. Acá dirigen la formación educativa de los oficiales superiores. Estamos en el medioevo jurídico, político y social. Jorge Batlle y sus acólitos, blancos y colorados, están en el atraso conceptual, no sólo en materia de DDHH sino en la implicancia de los valores éticos como primacía del rumbo económico, comercial y diplomático. *