El papel de los militares

Ante los vertiginosos cambios que en el próximo devenir se comenzarán a procesarse en el país, a la luz de lo ocurrido en el Congreso del Frente Amplio, sin duda un hito histórico que todos debemos tener en cuenta, es bueno comenzar a analizar el rol que en la consolidación institucional del país tienen los militares, así como también los que tienen responsabilidades en otras áreas, que deben comprender la magnitud del cambio que se avecina.

En el caso de los que defienden con las armas a la nación oriental, es bueno que tengan claro que su misión no es levantarse contra otros compatriotas para perseguirlos por sus ideas. Una sociedad democrática se conforma con elementos de distintas vertientes; es un conglomerado de fuerzas políticas y sociales, de la más diversa formación ideológica. Cuando algunos, como ocurrió en la década infame, se erigen en mesiánicos, creyendo que hay que imponer criterios a sangre y fuego, castigando la emisión de un pensamiento distinto, caemos en un protagonismo antidemocrático, fuera de contexto para un país que, más allá de las convulsiones de la década del ’60 y en los principios de los ’70, siempre vivió dentro de un imperfecto marco de democracia representativa, con pocos lapsos de transgresiones.

El «autoritarismo» del gobierno de Jorge Pacheco Areco fue creando las condiciones para que pasara cualquier cosa, hasta –quizás– un «fraude electoral» que enancó en el poder al ultraconservador Juan María Bordaberry, hombre que no creía tampoco en la democracia y que, alentado por los militares y por un contexto internacional favorable a los gobiernos de facto, disolvió al Parlamento. Luego de unos meses de gobierno cívico militar, fue derribado por quienes se atribuían una misión mesiánica, basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El período dictatorial fue gravísimo para el país, para los uruguayos y para los militares que a décadas de haber sido derrotados, todavía viven el estigma de lo ocurrido, especialmente en el campo de los derechos humanos, el aspecto de su actuación en que quedaron más fuertemente marcados. ¿Por qué ocurrió tal cosa? Los analistas se dividen en varias posiciones, pero lo cierto es que, más allá del amparo legal que se le otorgó a los responsables de las aberraciones de lesa humanidad con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, lo que siempre anidó como un revulsivo en parte de la ciudadanía ha sido la carencia de justicia y, fundamentalmente, la acción lamentable de los distintos gobiernos colorados y blancos que ni siquiera fueron capaces de investigar agresiones brutales, como las que día a día siguen surgiendo de la memoria de familiares e investigadores.

Los uruguayos, como todos los pueblos del mundo, tienen muy buena memoria, la que es imposible de escamotear. Los militares por no cumplir con el rol que les correspondía, no solo lanzaron su maquinaria de guerra contra la gente, sino que admitieron –vía Doctrina de la Seguridad Nacional– métodos aberrantes y que algunos «monstruos» entre sus integrantes convirtieran la represión en una forma de desatar su perversidad. Lo sorprendente es que ni siquiera se saneó a esos personajes, que nos son tantos, siempre por el mismo motivo. La cobardía de los distintos presidentes que no se animaron –quizás para que la ciudadanía no se enterara nunca de sus complicidades con la dictadura   a aplicar el artículo Nº 4, de la referida ley de «impunidad»

A esta altura, luego de lo resuelto por el Congreso del Frente Amplio en torno a la Ley de Caducidad, es bueno que los «nostálgicos» no crean que es una muestra de debilidad. Por el contrario, es una señal muy clara de que en este país se respetará la Constitución y lo resuelto por el pueblo.

Que también sepan que nunca más nadie desenvainará el sable, entregado para defender a la Nación y el honor de los uruguayos, para empuñarlo contra sus propios compatriotas. Ese honor deberá servir también para combatir en defensa de los derechos humanos. *