La sangre no llegó al río

Por fin pudo desactivarse la bomba de tiempo que estuvo a punto de estallar.

Una declaración de la Cancillería uruguaya por la que se desautoriza al asesor presidencial, y el anuncio oficioso del gobierno uruguayo de que desistirá de su propósito de designar a un militar sospechoso de violaciones a los derechos humanos, operaron la distensión necesaria para que el gobierno argentino diera por superado el incidente.

Como queda dicho en nuestro editorial de ayer, detrás del reciente conflicto subyace una larga serie de desencuentros en cuyo origen se halla una política exterior empecinadamente torpe, que se caracterizó por la obsecuencia con Washington y el desprecio por el Mercosur. Con harta frecuencia nos hemos ocupado de resaltar la imagen penosa de un gobierno que en materia de política internacional supeditó todo al logro de un acuerdo comercial bilateral con EEUU. Para llegar a ese fin, no se reparó en los medios, y fue así que hubimos de asistir al deplorable espectáculo de nuestros representantes diplomáticos embanderados en la condena a Cuba, actitud que condujo a la ruptura de relaciones con la pequeña nación latinoamericana; y en oportunidad de la invasión a Irak, resultó lastimosa la declaración ambigua –a mitad de camino entre la condena y el apoyo– de nuestra Cancillería.

Paralelamente, fue demasiado ostensible el ninguneo del bloque regional al que pertenecemos, al punto de no integrar el Grupo de los 20 liderado por Brasil y Argentina, nuestros socios mayores en el Mercosur.

El resultado de esta política exterior absurda debería ser el aislamiento más absoluto, extremo a que no se llegó merced a que las naciones hermanas del Mercosur obviaron la hostilidad uruguaya.

En este contexto, los argentinos vieron en televisión cómo el Presidente uruguayo los tildaba a todos de ladrones, «del primero al último». Poco tiempo después tuvieron que soportar un pronóstico electoral fuera de lugar, que se parecía más bien a una expresión de deseos. Más tarde, el reclamo oficial argentino de que se investigara la peripecia de María Claudia introdujo un elemento irritante en las relaciones entre ambos países. En Anchorena, Batlle se comprometió a cumplir con el pedido argentino, pero poco tiempo después anunció que el caso estaba comprendido en la Ley de Caducidad. Vinieron luego algunas declaraciones inoportunas del presidente Kirchner, a lo que se agregó la visita de éste y de Lula a Tabaré Vázquez.

La tensión llegó a su clímax cuando, como respuesta a este último hecho, el gobierno uruguayo –en una actitud claramente provocativa y con una mezcla de soberbia y de estulticia– designó como agregado naval de nuestra embajada en Buenos Aires a alguien sindicado como violador de los derechos humanos y responsable de la desaparición de dos ciudadanos argentinos en el marco del Plan Cóndor. A esa «mojada de oreja» patética se sumaron las declaraciones extemporáneas del asesor presidencial, quien no tuvo mejor ocurrencia que amonestar al presidente Kirchner y a sus más cercanos colaboradores.

Queda por saber qué buscaba el gobierno uruguayo con esas dos bravuconadas impresentables. ¿Creyó, acaso, que Kirchner se amedrantaría y aceptaría mansamente los exabruptos? ¿O –más demencial aun– se proponía llegar a la ruptura de relaciones? Cualquiera de las dos hipótesis deja muy mal parado al ya mal parado gobierno de Batlle.

Esos dos hechos motivaron, como era previsible, la inmediata y firme reacción del gobierno argentino, con lo que se instaló una crisis de desenlace incierto que se conjuró cuando el gobierno uruguayo dio marcha atrás y rectificó su conducta.

Como dijimos en nuestra portada de ayer, esta pulseada la ganó Kirchner. El pulcro y mesurado lenguaje diplomático del comunicado de la Cancillería argentina dando por superado el incidente no consigue lavar la pésima imagen que dejó el gobierno uruguayo ni es capaz de esconder una realidad vergonzosa, en la que se mezclan la improvisación, las provocaciones y las reculadas. *