Ninguneo de las instituciones

El desacato militar –que contó no ya con la aunuencia sino con el apoyo decidido de los civiles que ocupan cargos de gobierno– significó un agravio a la Justicia, una inadmisible intromisión del poder político en un Poder del Estado cuya independencia es condición sine qua non de un estado de derecho y debe por tanto mantenerse impoluta.

Desde esta página hemos cuestionado severamente tanto la injerencia del Ejecutivo en un asunto judicial cuanto la «solución» tácitamente acordada a que se llegó para suspender o dejar sin efecto la diligencia ordenada por un magistrado.

Al comienzo de la crisis, no bien el gobierno y sus voceros lanzaron sus gritos de alerta y cerraron filas para evitar la comparecencia de los militares al juzgado ambientando así el desacato, el senador blanco y líder del sector Correntada Wilsonista, Francisco Gallinal, sorprendió a toda la clase política al promover una interpelación al ministro de Defensa con el propósito de que la misma derivara en una moción de censura.

Mientras se especulaba sobre si habría votos para censurar al ministro Fau, el gobierno –manteniéndose en una línea de dureza e intransigencia que lo lleva a enfrentarse con los otros dos Poderes– hizo saber que mantendría al ministro a pesar de la censura, con lo que se abría la posibilidad de disolución de las Cámaras y posterior llamado a elecciones legislativas. No obstante, la posición de Gallinal parecía firme, y las razones que esgrimía para el paso dado eran pertinentes y compartibles para cualquier espíritu democrático. Sería la posibilidad de que el pueblo –que siempre quiere saber de qué se trata y que tiene derecho a estar informado– conociera los argumentos del gobierno y su posición respecto del desacato militar.

Lamentablemente, una precipitada reunión privada, acordada entre el ministro cuestionado y el senador interpelante, barrió con las expectativas creadas. La población no pudo ver al ministro ni oír sus descargos en el ámbito natural para estos hechos políticos. Una de las funciones primarias de todo Parlamento es la de ser la caja de resonancia donde se ventilan públicamente las cuestiones que atañen al quehacer político; función directamente vinculada con el papel de fiscal que debe desempeñar ese Poder del Estado. Porque el Legislativo no sólo debe ocuparse de legislar sino que debe, además, controlar al Ejecutivo y vigilar y castigar sus posibles desbordes.

Tal vez el senador Gallinal haya actuado en forma precipitada al adelantar su intención de censurar al ministro. Pero lo cierto es que el hecho de que la interpelación se haya visto frustrada es un traspié para el legislador nacionalista y una victoria política del gobierno colorado; que el ministro Fau se sienta «feliz de que se haya superado esta situación» confirma lo dicho. Por otra parte, la aseveración de que existe «la más plena disposición del Ejecutivo a colaborar y a actuar en la forma que correspondería» en la eventualidad de que militares retirados fueran convocados o emplazados, se parece más bien a una ironía o directamente a una burla. ¿Por qué hemos de suponer que no se opondrán a que ciertos militares comparezcan ante una sede judicial, cuando desplegaron toda una batería de argumentos, artilugios y anatemas contra un magistrado judicial? ¿Qué garantías hay de que no volverán a estrechar filas en otra cerrada defensa de terroristas de Estado? ¿Cómo creer que «existe la mejor disposición a cumplir cabalmente con el artículo cuarto de la Ley de Caducidad» (como ha dicho Gallinal) si, invariablemente, el Ejecutivo ha puesto obstáculos a las investigaciones demostrando lo contrario, es decir, su disposición a entorpecerlas por la vía que sea?

En fin, más allá de estas consideraciones, flaco favor se hace a la democracia con esta prescindencia del Parlamento y esta disposición a resolver las cuestiones de la República en ámbitos privados. *