Por encima de la ley

Varios días antes que las personas directamente involucradas conocieran el resultado de las pruebas de ADN que se estaban llevando a cabo en un laboratorio, circuló insistentemente el rumor de que los resultados serían negativos.

Desde algunas «fuentes» se difundía la afirmación de que el joven Gerardo Vázquez Morales no era –como Sara Méndez y muchos otros creían– Simón Antonio Riquelo, secuestrado en julio de 1976.

En el desarrollo de una situación absolutamente absurda y desconsiderada hacia las familias afectadas, el rumor tomó incluso estado público en las páginas del matutino El País.

Si el laboratorio –acerca de cuya seriedad y responsabilidad nadie ha emitido ninguna opinión contraria– no había finalizado los exámenes, ¿quién puede echar a andar un rumor acerca de la identidad de un niño cuyas señas de identidad biológica se están investigando?

¿Quién sino un represor que actuó y conoce bien el caso?

¿Quién sino alguien que participó del despojo, un apropiador del niño, un secuestrador?

Días pasados, el semanario de la derecha financiera (que no termina por asumirse como vocero de la reacción) publicó otro insólito «aporte» al conocimiento del destino de Simón, el hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti.

Basándose «en revelaciones de fuentes civiles y militares», la publicación aborda el problema del niño desaparecido.

A partir de lo que le «confió una de las fuentes militares consultadas bajo condición de reserva de la identidad», se difunde una serie de datos sobre la delicada cuestión de los secuestros, traslados y desapariciones de personas en 1976.

Así, unos días después de conocidos los resultados científicos que cerraron las expectativas en cuanto a que la larga búsqueda hubiera culminado favorablemente, se «filtran» noticias que hacen al centro del problema. Cuando Sara Méndez se encuentra con el doloroso hecho que se han perdido más de catorce años en la búsqueda de su hijo, la publicación difunde una serie de informaciones que, de ser verdaderas, alterarían completamente el rumbo de las averiguaciones.

En cierto sentido, las «revelaciones de fuente militar» condicionada y desde el anonimato, no hacen más que reiterar hechos que habían sido publicados en 1976 en los testimonios de Washington Pérez Rossini («el Perro», dirigente sindical de Funsa) que había estado secuestrado en Orletti y luego fue liberado; y después, por Enrique Rodríguez Larreta Piera (periodista) también secuestrado en Orletti y trasladado luego a Bulevar y Palmar, que fuera liberado en diciembre de aquel año.

Salvo en los países del Cono Sur, todos bajo dictaduras terroristas, ambos testimonios fueron ampliamente conocidos en todas partes.

Sin embargo, es la singular difusión de nuevos datos lo que resulta significativo.

Así se dice que «Las fuentes militares consultadas dijeron que el niño (Simón) fue dejado en una clínica de Buenos Aires por recomendación de los argentinos».

Las bien protegidas en su anonimato fuentes militares agregan otros elementos que bien podrían ser ciertos (la vuelta a la clínica para recuperar al niño por parte militares uruguayos) que bien podrían interpretarse como un «lavadito de cara» para las autoridades militares de la dictadura.

Lo que resulta insólito es más bien lo anterior: la difusión de datos atinentes al destino del niño secuestrado veinticuatro años después de producido el episodio.

Las «fuentes militares» dicen ahora lo que negaron a Sara Méndez desde 1976 y después, desde 1981, cuando salió de la Prisión de Punta de Rieles y reinició la búsqueda del niño que le habían arrebatado Gavazzo y su superior en la operaciones en Argentina, Juan Rodríguez Buratti.

Los mismos individuos que perpetran estos atropellos en el manejo de información tan delicada son los que obstaculizan el avance de la verdad.

Son los que se oponen a la aplicación de la ley.

Son los que no dejan que el Estado cumpla con el Artículo 4º de la Ley de Caducidad.

Sienten que a ellos los ampara un fuero especial. Un privilegio legal vitalicio.

Sienten que están –y lo están– por encima de las leyes.

¿Hasta cuándo?