Las urgencias que la Ley no contempla

Se informó ayer de la asamblea realizada por los industriales nucleados en su Cámara. La declaración emitida como conclusión de esa asamblea se ha convertido –quizás sin que los industriales se lo hayan propuesto– en una formidable condena a la inoperancia y falta de proyectos del gobierno y, en definitiva, a su política económica.

Los reclamos de los industriales apuntan a señalar la contradicción que se advierte entre las buenas intenciones y las promesas electorales del Presidente, por un lado, y la alarmante falta de propuestas y de respuestas a la crisis que el país vive, por el otro.

Se reprocha al gobierno no haber encarado ni una sola medida destinada a enfrentar la crisis del sector: mejorar la presencia de Uruguay en los mercados internacionales, fomentar las exportaciones, retomar la senda del crecimiento, reducir el desempleo. Y se pone énfasis en la necesidad de construir un país productivo.

Un observador desprevenido podría perfectamente bien pensar que tales postulados pertenecen al programa de gobierno de un partido socialdemócrata. No deja de ser paradojal que una corporación que agrupa a los empresarios del sector secundario de la economía (tradicionalmente identificados con la burguesía capitalista, y por tanto insospechables de tendencias izquierdizantes) se haya vuelto un crítico tan implacable de un gobierno que en principio nadie dudaría en calificar de conservador y que se supondría defensor de sus intereses.

Pero sucede que los tiempos han cambiado, y el actual presidente propicia un modelo de país demasiado diferente del que soñaron sus antepasados.

Quizá los industriales empiecen a advertir ahora que el modelo económico que tan alegremente se pretende imponer contra la opinión mundial cada vez más generalizada, instaura la ley de la selva que rige no solamente para los asalariados y para las clases sumergidas, sino que también afectará precisamente a los sectores productivos, fundamentalmente al agro y a la industria manufacturera, que son en definitiva los generadores de la auténtica riqueza.

Las urgencias –reales– que enfrentan los sectores productivos están ausentes de la ya a esta altura famosa Ley de Urgencia, para cuyos ideólogos son prioritarios el juego de la mosqueta, el servicio de alumbrado público, el atentado violento al pudor, la venta de bebidas alcohólicas, el Ministerio del Deporte…

Las únicas medidas contenidas en la Ley de Urgencia que podrían considerarse como apuntando a los sectores productivos se limitan a exoneraciones impositivas o de aportes que en definitiva implican la desfinanciación de los organismos de previsión o la merma en las recaudaciones fiscales.

Llenar un saco se vacía otro. Y en definitiva no son sino parches, meros paliativos, tímidos remedios que intentan atacar los efectos de la crisis y no las causas.

En conclusión, la Ley de Urgencia ha tenido la triste virtud de echar por tierra las legítimas aspiraciones y las esperanzas de prácticamente toda la sociedad. Ante una crisis que golpea a todos porque repercute en todos los sectores, el gobierno se muestra inoperante y sin iniciativas. Ya no son solamente los desconformes y protestones de siempre quienes levantan sus voces censurando al gobierno; no son los docentes u otros funcionarios sumergidos los que reclaman: son las fuerzas vivas, es todo el país real, cuyas urgencias no han sido contempladas, el que hace este llamado de alerta. Ojalá el gobierno no tenga los oídos tapados.