Lissidini y la Justicia: el fin no justifica los medios

Estos últimos días he presenciado con asombro y preocupación cómo conspicuos dirigentes del partido de gobierno se han expedido con críticas a la Justicia y con elogios a la gestión del doctor Lissidini.

Me estoy refiriendo a personalidades como las del prosecretario de la Presidencia, doctor Costa, del senador doctor Brause, del diputado Adolfo Singer y el diputado Barrera.

Y ese asombro y preocupación resultan del hecho de que el argumento que se utiliza para criticar al juez actuante, afectando el prestigio y la independencia del Poder Judicial, es el de que los errores que cometió Lissidini están justificados por su firme lucha contra el contrabando.

Y eso no es otra cosa que sustentar el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios.

No importa cuáles son las violencias a la ley que se cometen siempre que se persigan fines importantes.

Que hombres del Partido Colorado se desgarren las vestiduras con esos planteos, parece absolutamente inaceptable.

Con ese criterio, estuvo bien el ministro de Turismo Benito Stern cuando volcaba recursos que eran de fomento de organizaciones del Interior para otros fines. Estuvo bien, el ingeniero Illarietti –anterior director de Aduanas– cuando pagaba compensaciones al personal de Contaduría con viáticos correspondientes a viajes inexistentes.

Al final estuvo bien, también, para estos prohombres del Partido Colorado, el ingeniero Noachas al asignar viviendas del BHU a familiares porque la caridad empieza por casa, y también estuvo bien el actual presidente del BHU, cuando recomendó que un capomafioso del contrabando pasara en comisión al Parlamento.

La prostitución de los medios para alcanzar determinados fines es lo que sostuvo el coronel Cordero y lo que están sosteniendo estos señores y ello es inadmisible, porque en una democracia es todo dentro de la ley y nada fuera de ella.

Y sobre todo, señores del partido de gobierno, a respetar el Poder Judicial y a cumplir con el derecho positivo vigente porque, afortunadamente, nuestro país es un Estado de Derecho aunque algunos no lo quieran aceptar.

Por último quiero aclarar que, en lo personal, no tengo nada contra el doctor Lissidini. No creo que sea un corrupto, pero no tengo duda alguna de que cuando se reunió con personas con antecedentes penales para combatir el contrabando y les dio potestades para hacerlo como funcionarios aduaneros, incurrió en ilícitos que la Justicia tiene que sancionar.

Se me podrá decir que su intención era buena por cuanto pretendía luchar eficazmente contra las mafias del contrabando.

Pero en un estado de derecho ello se debe hacer dentro del marco de la ley y no otorgándole la condición de funcionarios aduaneros a personas que no la tenían.

Por otra parte, Lissidini, como abogado, tenía que conocer la normativa vigente y, como hombre, debía recordar que cuando uno se arrima a los chanchos, generalmente, resulta enchastrado. *