Derivaciones positivas de un referéndum

La consulta popular que se realizará en el próximo mes de diciembre acerca de la Ley 17.448, del 2 de enero de 2002, conocida popularmente como Ley de Ancap, se realizará como resultado de un esfuerzo ciudadano sostenido. Tras la iniciativa de la recolección de firmas para crear las condiciones de esta consulta popular estuvieron las organizaciones sindicales de los trabajadores de Ancap, el PIT-CNT y las organizaciones políticas del Frente Amplio y el Encuentro Progresista. Estas formaciones sociales y políticas defendían el criterio de resolver la cuestión planteada a través de una consulta democrática.

Como es también de sobra conocido, los impulsores del referéndum se toparon con una calculada ausencia de respuestas, un silencio impávido ante el que se estrellaban todos los alegatos y todas las argumentaciones. El poder no contestaba. Prefería atrincherarse en el silencio para evitar que la campaña por las firmas se conociera por parte de la ciudadanía.

Ahora, los hasta ayer impávidos estrategas del silencio se han vuelto entusiastas polemistas en defensa de la ley, han descubierto que «el debate es bueno para la democracia». Cuando la gente conozca las bondades de la ley, sostienen, se volcará masivamente en defensa de ella.

Instalados confortablemente en el terreno onírico, algunos dirigentes blancos y colorados sostienen que, de paso cañazo, los beneficios de la campaña en defensa de la Ley de Ancap se podrían hacer extensivos a la entera gestión del gobierno nacional y especialmente a su política económica, que tantos beneficios ha traído al país, aducen.

Es posible que así sea, aunque tenemos ciertas reservas. No han faltado los críticos a la gestión del gobierno y hasta se sabe de algunos sectores sociales que dan muestras de cierta insatisfacción.

La realización en los primeros días de diciembre de la consulta popular, convocada por la Corte Electoral y con voto obligatorio, coloca a los partidarios de una y otra posición ante una disyuntiva importante. En cierto sentido obliga a todos los protagonistas a salir públicamente a exponer sus ideas.

Y, lejos de resultar inoportuna esta pública exposición de las ideas y propuestas sobre cuestiones esenciales para el futuro del país, la convocatoria resulta perfectamente funcional a la vida de los partidos políticos.

Porque efectivamente ya han aparecido, tanto en Montevideo como el interior del país, las primeras candidaturas en los partidos tradicionales, los «pre-pre» candidatos a dirigir los destinos de la patria.

¿En qué contexto de debates nacen estas candidaturas? ¿Después de qué balances sobre lo actuado? ¿Cuándo y dónde se han discutido programas y proyectos?

Se podría contestar, como lo haría Juan José Saer, «Nunca, nadie, nada».

El estado de debate por la Ley 17.448 permitirá que esas candidaturas sin identidad programática, sin pensamiento conocido, sin la asunción de responsabilidades sobre lo actuado tengan un perfil tangible, un punto de vista acerca de alguno de los problemas que, en caso de acceder al gobierno, tendrían que enfrentar.

No deja de ser un beneficio inesperado, colateral, de la convocatoria a la ciudadanía tan arduamente sustanciada.

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