Trascendental instancia de decisión

Se reúne en la mañana de hoy el Plenario Nacional del Frente Amplio. En el temario a abordar están incluidos algunos de los puntos de mayor interés político para la ciudadanía uruguaya. Cuestiones que hacen al estilo y las modalidades que regularán las relaciones entre un gobierno frenteamplista y las organizaciones sociales tendrán un tratamiento que se viene preparando con cuidado desde hace ya varios meses, acerca del cual ya nos hemos ocupado en estas columnas. Se trata de una cuestión capital: el acceso de la izquierda al gobierno será la hora del incremento multilateral de las demandas o, por el contrario, por el hecho de estar la izquierda en el gobierno las organizaciones sociales y sindicales deberán llamarse a sosiego y abandonar sus reivindicaciones. Así, esquemáticamente planteada, la respuesta resulta obvia: ni un extremo ni el otro. Pero no es obvio en el tratamiento que a la cuestión se le da en el documento preparatorio a que hacíamos referencia, donde se incorpora una serie de matices y sutiles verificaciones acerca del tipo de dificultades y las posibles soluciones a abordar teniendo en cuenta la experiencia propia del Frente Amplio como organización política en un ámbito nacional donde el peso de los sindicatos y las organizaciones sindicales no puede ser subestimado.

Uno de los documentos que servirán de base a la discusión frentista  el firmado por Germán Lezama, Eduardo Bonomi, José Solsona y Eleazar Deleón  empieza por hacer un reconocimiento de la mayor importancia: «El gobierno progresista, afirma, no se podrá sostener y consolidar, solamente cambiando a las personas que integran el gabinete y aplicando otro programa.

Ello no alcanza. El gobierno popular, además de instalar su equipo, para llevar adelante su programa tendrá que modificar una burocracia instalada al servicio del bloque de poder. Y eso no será tarea fácil. Llevará tiempo y esfuerzo. Pero para hacerlo el EP-FA también tendrá que cumplir con su propósito de transferir capacidad de decisión a la gente y transformar al pueblo en un protagonista activo, que gestione sus propios intereses y participe en la difícil tarea de gobernar el país».

El pensamiento en que se apoya este aporte se mueve dentro de lo que podrían denominarse conceptos generales o aproximaciones teóricas. No entra, al menos en esta primera instancia de discusión, en lo que podría ser un análisis del balance que han dejado algunas de las experiencias más o menos exitosas o más o menos traumáticas por las que ha transitado el Frente Amplio en estos últimos años.

Entre otros aspectos, el aporte propuesto encara el complejo análisis de las relaciones laborales en un gobierno de izquierda: «Un modelo de relaciones laborales institucionalizado debe asentarse sobre: legitimidad de las organizaciones (sindicatos-empresarios); refiere a que realmente representen a los actores del mundo del trabajo, sea por afiliación, por convocatoria, adhesión, etcétera; reconocimiento de todas las partes: gobierno-sindicatos-cámaras empresariales; confianza, respeto y disposición permanente al diálogo; legalidad por convenios laborales.

Debe tenerse presente que hay un componente esencial de nuestras políticas de reactivación y empleo: la defensa por parte del Estado de los derechos laborales y de las garantías para el pleno ejercicio del derecho de sindicalización. En este sentido se promoverá por la vía administrativa y se legislará sobre la obligatoriedad de la negociación colectiva, cuyo desarrollo será preocupación central del gobierno nacional. Estas políticas buscarán dotar de racionalidad democrática a las relaciones laborales, ampliando al máximo las vías institucionales para la resolución de los conflictos».

El Plenario del Frente Amplio abordará también la discusión de los ejes conceptuales sobre los que se desarrollará la inminente campaña en torno a la ley de Ancap y la atención al delicado asunto del mantenimiento de la unidad orgánica de la fuerza política en el marco de la existencia de más de un punto de vista en su interior. *